La administración del presidente estadounidense Joe Biden, preocupada por la posible divulgación de operaciones antiterroristas sensibles, está estudiando la posibilidad de intervenir en una demanda presentada por un antiguo espía saudí contra el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman.
Los acontecimientos que tienen lugar en el interior de la sala son el último capítulo de una disputa furiosa entre Bin Salman y el ex funcionario de inteligencia Saad Al-Jabri, asesor durante mucho tiempo del depuesto príncipe heredero Muhammad Bin Nayef de Arabia Saudí, el principal rival de Bin Salman hasta que fue destituido del poder en 2017.
Se trata de una historia sombría mezclada con ecos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, a manos de un equipo de asesinos saudíes en el consulado del reino en Estambul en 2018.
Al-Jabri alegó en la demanda que presentó que el príncipe heredero Bin Salman envió al Escuadrón Tigre, responsable de las operaciones en el extranjero, poco después del asesinato de Khashoggi, para secuestrarlo o matarlo en su casa de Canadá.
También indicó que las autoridades saudíes mantienen a sus hijos como rehenes en el reino para obligarle a regresar a su país. Los abogados de Bin Salman han negado las acusaciones.
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La administración estadounidense quiere llegar a un acuerdo entre las dos partes para liberar a los hijos de Al-Jabri y resolver la crisis del litigio. Sin embargo, hasta ahora no se ha avanzado en la resolución del conflicto legal.
Un abogado que representa al príncipe heredero y otros intereses del gobierno saudí se ha negado a hacer comentarios sobre la demanda.
El dilema al que se enfrenta Biden constituye una prueba clásica de derecho y seguridad nacional en Estados Unidos. Los abogados de Al-Jabri presentaron una demanda civil en la que se alegaba que, en 2008, su cliente ayudó a crear una red de empresas tapadera (empresas utilizadas para proteger a la empresa matriz de la responsabilidad legal), con el objetivo principal de poner en marcha programas encubiertos y clasificados de seguridad nacional con el gobierno estadounidense.
Sin embargo, los consejos de administración de las empresas fantasma propiedad del reino han afirmado en varias demandas que Al-Jabri y Bin Nayef habían malversado nada menos que 3.400 millones de dólares de los ingresos de las operaciones.
En este sentido, una demanda presentada en Canadá afirmaba que "se trataba de un auténtico robo", ya que un juez canadiense decidió congelar temporalmente los activos propiedad de Al-Jabri.
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