El importante activista iraquí en defensa de los derechos humanos, Jabbar Abdul Karim Bahadli, famoso por defender los derechos de manifestantes y activistas condenados injustamente, fue asesinado el lunes por asaltantes desconocidos en el distrito de Al-Hadi, en la provincia de Basora. El asesinato fue confirmado por Qasim Al-Otaibi, presidente de la Asociación de Abogados de Basora, tras expresar sus condolencias en las redes sociales varias horas después del ataque. Las agencias de prensa locales informaron de que Bahadli recibió 15 disparos cuando su vehículo fue emboscado. “Las palabras no pueden hacer justicia a tu pérdida”, escribió su amigo Otaibi en su página de Facebook.
Los recientes levantamientos que se produjeron en Basora antes de extenderse a las provincias del sur de alrededor en Dhi Qar, Muthanna, Karbala y Maysan han recibido una respuesta cada vez más violenta por parte de las fuerzas estatales, como demuestra este asesinato. La frustración provocada por 15 años de malos servicios eléctricos, cortes de energía constantes, aumento de la pobreza, malas perspectivas de empleo, niveles incontrolables de salinidad del agua, la subcontratación de la industria local del petróleo y del gas y la flagrante corrupción han alimentado las demandas de una vida digna, alejada de la difícil subsistencia de la que es responsable la élite del gobierno.
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El gobierno interino en el poder, cuyo mandato expiró el mes pasado, continúa hablando del mito del apoyo, al igual que los oficiales estadounidenses, a salvo tras las paredes de la fortificada embajada de los Estados Unidos, situada en el centro de Bagdad. En una conferencia de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. celebrada el pasado miércoles, la portavoz adjunta Heather Nauert reiteró el apoyo de Estados Unidos. Cuando le preguntaron acerca de la respuesta de los oficiales iraquíes, Nauert dijo, sin mucha convicción, que es responsabilidad del Estado proteger los derechos de a aquéllos a los que gobierna y preservar la seguridad de la propiedad pública y privada. “Ellos [los miembros del gobierno de Bagdad]”, añadió, “han expresado su intención de hacer más por cumplir con las exigencias de los manifestantes.” Sin embargo, de momento, no se han producido más que acciones retóricas, como las promesas del país vecino, Kuwait, de proporcionar a Irak 30.000 metros cúbicos de diésel para mejorar el sector eléctrico.
Estas afirmaciones siempre van acompañadas de denuncias o advertencias contra la violencia de los manifestantes, después de que estos irrumpieran e incendiaran 19 edificios e instalaciones del gobierno. Sin embargo, muy pocas veces esta retórica es recíproca en casos en los que los actores estatales y el personal de seguridad de Irak son los responsables de la violencia.
Se han confirmado al menos 13 muertos en los últimos 15 días, mientras que los activistas con los que ha contactado MEMO citan cifras casi tres veces mayores al número oficial. Entre las víctimas se encuentra Hussein Youssef, de 20 años, quien recibió un disparo en la cabeza durante disturbios producidos a las puertas de la sede de la Organización Badr, respaldada por Irán, en la localidad de Diwaniyah. Otras 720 personas resultaron heridas después de que las fuerzas de seguridad de la Plaza Tahrir de Bagdad y otros puntos clave de las manifestaciones utilizaran cañones de agua, gas lacrimógeno y munición real contra los civiles desarmados, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Sin embargo, las fuerzas no consiguieron dispersar a las multitudes.
Cientos de manifestantes pacíficos han sido detenidos por las fuerzas del Estado, y muchos han sido torturados por milicias irregulares y se les ha negado asesoramiento y representación legal. El hombre que dio todo lo que tenía por la causa, tal y como testifican las condolencias de los locales, era Jabbar Abdul Karim Bahadli, cuyo asesinato se ha interpretado en las redes sociales como otro intento de controlar las libertades políticas. Se llevaron a cabo hasta 65 detenciones en la Ciudad de Nasiriyah y en la provincia de Dhi Qar, según contó un activista – cuyo nombre no podemos cirtar por razones de seguridad -, y se han reducido las libertades de internet después de que el acceso quedara limitado por orden del primer ministro iraquí. “Necesitan aplastar a la disidencia a toda costa”, añadió el activista de 32 años. “De ello depende su supervivencia.”
Los informes acerca del uso de la fuerza excesivo e innecesario por parte de la policía contra los manifestantes desarmados han atraído poca atención. Quienes han seguido de cerca los acontecimientos conocen cuál es el peso de la supresión a la que hacen frente los iraquíes. Redes de activistas transnacionales han permitido a las noticias llegar al mundo exterior, pero es difícil encontrarse con una cobertura mediática más allá de la esfera de Twitter de Irak.
A medida que aumenta la violencia, los iraquíes se sienten cada vez más aislados del mundo exterior, pero se han expresado con hashtags como #SavetheIraquiPeople. Puede que el uso de violencia ayude al Estado a creer que tiene la ventaja, pero no ofrece una solución para el sector público paralizado de Irak. El vaciamiento de las instituciones estatales, casi incapaces de funcionar, refleja el estado de la soberanía de Irak y la debilidad del sistema presidencial. Mientras siga debilitado y cuestionado, el pueblo seguirá enfrentándose a la violencia que representa la era posterior a la invasión de 2003.
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