Rasmus Paludan, líder del partido danés de extrema derecha Stram Kurs, quemó el fin de semana un ejemplar del Corán durante una manifestación frente a la embajada turca en Estocolmo. A pesar de que el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores turco advirtió a sus homólogos suecos sobre la protesta de Paludan, se consideró que entraba dentro del ámbito de la libertad de expresión y se permitió que siguiera adelante. Esta maniobra barata fue condenada rápidamente por funcionarios de muchos países, entre ellos Turquía, Pakistán, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

"La quema del Sagrado Corán en Estocolmo es un claro crimen de odio contra la humanidad", tuiteó el portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin. "Lo condenamos vehementemente. Permitir esta acción a pesar de todas nuestras advertencias es alentar los crímenes de odio y la islamofobia. El ataque a los valores sagrados no es libertad, sino barbarie moderna". El ministro de Defensa, Hulusi Akar, anunció la cancelación de la reunión en Ankara que debía celebrarse la próxima semana con su homólogo sueco.

Suecia, que necesita la aprobación de Ankara para su candidatura a ingresar en la OTAN, ha protagonizado recientemente actos contraproducentes que han indignado a la opinión pública turca sobre el proceso de adhesión. La semana pasada, partidarios de la organización terrorista YPG/PKK colgaron la efigie del presidente turco Recep Tayyeb Erdogan en Estocolmo.

Paludan tiene un largo historial de actos islamófobos. Además de una serie de delitos motivados por el odio, como la quema de ejemplares del Corán, también es responsable de disturbios en los que se incendiaron vehículos y resultaron heridos numerosos policías y civiles. Al ultraderechista danés, inhabilitado para ejercer la abogacía durante tres años, se le retiró el permiso de conducir durante un año y fue condenado a un mes de prisión en 2020. Se jactó de su acción en su último post de Instagram.

"La libertad de expresión es una parte fundamental de la democracia", tuiteó el primer ministro sueco. "Pero lo que es legal no es necesariamente apropiado. Quemar libros sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso. Quiero expresar mi simpatía a todos los musulmanes que se sienten ofendidos por lo que ha ocurrido hoy en Estocolmo."

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No ha sido el primer acto "profundamente irrespetuoso" de este tipo y probablemente no será el último. ¿Puede considerarse realmente dentro del ámbito de la "libertad de expresión", o es sólo una excusa pseudoreligiosa utilizada como pretexto en Occidente para actos de provocación?

Esta estrategia de utilizar conceptos como derechos humanos, libertad de expresión y democracia para permitir la provocación contra las minorías es frecuente en los países occidentales. Existe un razonamiento inherente a los países occidentales, que se caracterizan por ser los artífices del orden internacional basado en normas, según el cual sólo ellos determinarán cómo se trazan los límites de estos conceptos.

Tomemos como ejemplo la libertad de expresión. Resulta sorprendente evaluar la protesta dentro de su ámbito, dado que muchos debates académicos sobre dónde empieza y acaba esta libertad están llenos de sofisticados argumentos y estudios. Además, no es más que un esfuerzo por reforzar esta afirmación sin fundamento relacionando la cuestión directamente con la democracia. Por supuesto, es importante expresar simpatía por la comunidad musulmana ante este acto humillante contra ellos y todo lo que aprecian. Sin embargo, seguramente lo más importante no era considerar este acto dentro del ámbito de la libertad de expresión, sino tomar medidas preventivas para impedir que actos similares sucedan en el futuro. Suecia no lo ha hecho.

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Además, resulta desconcertante la facilidad discursiva con la que los funcionarios del Estado utilizan con frecuencia conceptos como derechos humanos, libertad de expresión y democracia para desestimar cualquier provocación. Es la salida fácil para poder limitar la respuesta política. A pesar del aumento de la islamofobia, los políticos se inclinan por sacar la cuestión de su marco real -los delitos de odio- y refugiarse en la llamada identidad occidental "liberal". ¿Qué pasa con las consecuencias de estos delitos? ¿Qué pasa con las víctimas? Tratar de encubrir un delito de odio con el mantra de la libertad de expresión es abandonar la responsabilidad que todo gobierno tiene de garantizar que todas las personas que viven y visitan sus países estén seguras y protegidas.

Es hora de cuestionar a quienes se han erigido en guardianes de los límites de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión para adaptarse a sus agendas políticas. La libertad de expresión siempre va a estar limitada si se quiere proteger el derecho de otras personas a estar a salvo de cualquier daño. Ahora es evidente que el uso tópico de la libertad de expresión y la democracia no es más que una hoja de parra para encubrir la islamofobia arraigada.

Esta cuestión es demasiado amplia y significativa como para limitarse a dos países candidatos a la OTAN -Finlandia también depende del apoyo de Turquía- a los que les resulta difícil mantener las distancias con los grupos terroristas. El tiempo dirá si las democracias occidentales son capaces de minimizar los daños de la extrema derecha y otros grupos políticos racistas. El problema de estos últimos es que no se detienen ante el abuso del Islam y la victimización de los musulmanes. La masacre de inocentes perpetrada por Anders Breivik en 2011 en la vecina Noruega lo dejó muy claro.

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