La Autoridad Palestina se resiste a alejarse de la narrativa que la comunidad internacional construyó para los palestinos a través del paradigma humanitario que sirve ante todo a los intereses israelíes. A medida que aumentaba la violencia del Estado israelí y de los colonos contra los civiles palestinos, con varios casos de ejecuciones extrajudiciales de palestinos, incluidos menores, el primer ministro de la AP, Mohammad Shtayyeh, pidió a la ONU que desplegara sus tropas para vigilar las calles. "La ONU tiene más de 400 vehículos y más de 1.000 personas que pueden ser entrenadas como monitores de la ONU para observar y documentar las acciones del ejército y los colonos con el fin de procesarlos", recordó Shtayyeh durante una reunión semanal del gabinete en Ramala.
Como es habitual en los funcionarios de la AP, sus palabras sólo reflejan una parte del panorama general. Por un lado, Shtayyeh se olvida de las manifestaciones históricas y actuales de la violencia colonial israelí. La violencia actual no carece de precedentes, de ahí que los palestinos hablen de una Nakba continua en lugar de fragmentar la violencia del Estado israelí y de los colonos en ocasiones esporádicas, como prefieren tanto la AP como la ONU. Esto último facilita la protección de la impunidad israelí, sobre todo porque es de dominio público, aunque relativamente desconocido, que Israel ha ampliado continuamente los límites de lo que la ONU tolera en términos de derecho internacional y violaciones de los derechos humanos.
Shtayyeh tampoco ha reconocido el papel de la AP en la desprotección de los civiles palestinos. Desde que se rebelaron contra el líder de la AP, Mahmoud Abbas, tras el asesinato del activista Nizar Banat y suspendieron las elecciones democráticas, los palestinos se han enfrentado a la violencia de los servicios de seguridad de la AP, así como del Estado y los colonos israelíes, de una forma que no garantiza a la población absolutamente ninguna protección. Aunque la AP puede denunciar la violencia israelí contra los civiles palestinos, como es su deber, no señalará el hecho de que la coordinación de la seguridad extiende la violencia del Estado israelí desde los servicios de seguridad de la AP. La AP tampoco se explayará sobre el hecho de que aborrece la legítima resistencia anticolonial de los palestinos, por lo que las acciones emprendidas por Israel contra los palestinos, incluso marginalmente implicados en la resistencia, no suponen ningún dilema para Ramala.
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Si nos atenemos exclusivamente al papel superficial que desempeña la ONU en la perpetuación del colonialismo israelí en Palestina, Shtayyeh también sabe perfectamente que la ONU documenta regularmente la violencia colonial de Israel y no actúa para proteger las vidas de los palestinos. Entonces, ¿qué quiere exactamente Shtayyeh cuando pide que la ONU intervenga como observadora para documentar la violencia de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y de los colonos contra los palestinos? ¿Por qué seguir buscando la validación a través de la ONU -cómplice voluntaria del colonialismo de los colonos israelíes- cuando la única acción que puede producir algún resultado tangible es que la AP se vuelva hacia dentro, hacia los palestinos, no contra ellos? Resoluciones no vinculantes que celebrar sin aplicar es lo máximo que la AP puede esperar de la ONU. Arrastrarse constantemente en busca de protección no ha beneficiado en nada a los palestinos. La ONU no busca pruebas adicionales, sino formas de silenciar la lucha legítima de los palestinos. Y no tiene mejor cómplice que la AP en este sentido.
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