La agencia de espionaje nacional de Israel, Shin Bet, ordenó ayer al director general de Al-Haq, Shawan Jabarin, que acudiera a la prisión militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada, para ser interrogado durante una llamada amenazante.
Según la agencia de noticias Wafa, Jabarin fue amenazado con la detención, el interrogatorio y "otras cosas" si no cumplía.
"No voy a cambiar de opinión, pero si quiere detenerme, sin duda puede hacerlo como potencia ocupante", dijo Jabarin. Dijo que invitó al oficial a la oficina de Al-Haq y que exigió que la orden de interrogatorio se enviara oficialmente a través de abogados, no por teléfono.
Esto se produce después de que las fuerzas de ocupación israelíes registraran la semana pasada siete oficinas de grupos de derechos de la sociedad civil palestina en la Cisjordania ocupada. Las cerraron.
La redada incluyó a seis ONG designadas como "organizaciones terroristas" en 2021, así como a la Unión de Comités de Trabajo Sanitario, que según Israel está vinculada al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ilegalizado por Tel Aviv.
Israel no ha aportado pruebas de sus afirmaciones.
Jabarin calificó las afirmaciones sobre los vínculos con el FPLP de "total tontería y completa mentira".
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Israel afirmó que proporcionará información a Estados Unidos sobre la base de los cierres después de que el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, expresara su preocupación por los cierres de grupos de la sociedad civil, informa Reuters.
Sin embargo, EE.UU. ha declarado desde entonces que está "preocupado" por las redadas de Israel en las oficinas de Cisjordania de las ONG palestinas, subrayando que no hay pruebas suficientes para demostrar su designación como organizaciones terroristas.
Las Naciones Unidas también condenaron los cierres y dijeron que no había pruebas creíbles que respaldaran las acusaciones israelíes.
"A pesar de los ofrecimientos para hacerlo, las autoridades israelíes no han presentado a las Naciones Unidas ninguna prueba creíble que justifique estas declaraciones", dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado. "Como tal, los cierres parecen totalmente arbitrarios".
Nueve países de la Unión Europea -Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia- han dicho que seguirán colaborando con los grupos, alegando la falta de pruebas de las acusaciones de Israel.
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