por Sean Clinton
Con el fin hoy en Bruselas del pleno del organismo regulador de diamantes del Proceso de Kimberley (PK), presidido por la UE, quienes esperaban el fin del comercio de los diamantes de sangre quedarán decepcionados.
Varios grupos humanitarios de Europa y Australia, preocupados por el uso de los ingresos de la industria del diamante en la financiación de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del gobierno en Israel, pidieron a la presidencia del PK y a la Coalición de Sociedad Civil que suspendieran las exportaciones de diamantes desde Israel hasta que los responsables de las masacres en Gaza fueran llevados ante la justicia.
Dirigiéndome a una reunión en Bruselas de líderes del PK la semana pasada, entre ellos la presidenta del PK Hilda Hardeman, el presidente de la Coalición de Sociedad Civil del PK, Chamizo Mtisi, y el presidente del Consejo Mundial del Diamante, Mark Van Bockstael, informé a los asistentes de que la industria israelí del diamante proporcionaba unos 1.000 millones de dólares al año a la financiación del ejército israelí. Tan sólo en los últimos seis meses, éste ha asesinado a más de 200 personas y ha herido a miles en Gaza.
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En el periodo previo al pleno del Consejo Mundial del Diamante (WDC), la Coalición de Sociedad Civil del PK (KPCSC) y la presidencia de la UE, todas las organizaciones reconocieron la necesidad de extender la definición del “diamante conflictivo” para abarcar los diamantes que financian las violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad y otras formas de abuso laboral y medioambiental.
A pesar de todo, las reformas propuestas han dejado claro que la industria del diamante está intentando de encubrir el enorme vacío que existe en las regulaciones actuales del PK, que permiten que los diamantes financien crímenes de guerra y contra la humanidad en manos de ciertos regímenes para contaminar legalmente el mercado.
Una definición reformada de “diamante conflictivo” propuesta por Canadá y respaldada por el WDC y la KPCSC, que ni siquiera será sometida a votación hasta el año que viene por estas fechas como pronto, se restringe de nuevo a los diamantes en bruto, lo que permite a los diamantes de sangre cortados y pulidos seguir evadiendo la regulación y contaminar legalmente el mercado.
Sólo los diamantes en bruto “adquiridos” mediante violencia sistemática y generalizada, trabajos forzados, explotación infantil y violaciones del derecho internacional se declararán ilegales. Con esta propuesta, los diamantes en bruto que financian a regímenes culpables de cometer graves violaciones contra los derechos humanos seguirán siendo totalmente legales.
Tal y como dije en la reunión de Bruselas de la semana pasada, el abastecimiento responsable no termina en la puerta de las minas. Los consumidores finales, de los que depende toda la industria, no compran diamantes en bruto. Los compran cortados y pulidos. Si los diamantes cortados y pulidos se ven empañados por el derramamiento de sangre o la violencia en cualquier punto de la cadena de suministro, entonces todos los esfuerzos por proteger la imagen del sector minero no servirán de nada, ya que los diamantes en bruto limpios se convierten en diamantes de sangre cuando financian violaciones de derechos humanos en un punto más alto de la cadena de suministro.
El intenso declive de la industria del diamante de Israel es lo que aguarda a la industria global si el Proceso de Kimberley continúa facilitando el comercio de diamantes de sangre que financian los abusos contra los derechos humanos por parte de fuerzas gubernamentales. Como concluyó la alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Federica Mogherini, el Proceso de Kimberley “debe garantizar que los diamantes no financian guerras o abusos contra derechos humanos” y que “los compradores de todo el mundo tienen derecho a saber que no están comprando diamantes de sangre”. En este sentido, el Proceso de Kimberley ha fracasado.
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