Sharif, un joven de 22 años originario de Bangladesh, no ha celebrado las reformas laborales recientemente aprobadas en Catar. El sistema, lamenta, aún le permite a su empleador esquivar las normas destinadas a poner fin a la explotación laboral.
“No me atrevo a quejarme porque mi empresa podría despedirme, con lo que sería expulsado y enviado de vuelta a mi país,” señala este trabajador, que no ha querido dar su nombre completo a los medios de comunicación. “Si me envían de vuelta a mi país, no habrá nadie que ayude a mantener a mi familia,” lamenta.
A lo largo del último año, y ante el creciente escrutinio internacional relacionado con la celebración del Mundial de 2022, Catar ha implementado una serie de medidas para reducir la desprotección de los trabajadores extranjeros.
Éstas incluyen un sueldo mínimo de 750 riales al mes (el equivalente a 200 dólares), y la creación de un comité para resolver disputas de carácter laboral. Además, la semana pasada, fue eliminado el requisito que establecía que los trabajadores extranjeros necesitaran el permiso de su empleador para abandonar el país.
Leer más: Las viudas de guerra de Sri Lanka y su situación en el Golfo
“Estamos cambiando las dinámicas de la relación [laboral],” explica Houtan Homayounpour, que dirige la flamante oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Doha.
“[La eliminación del permiso de salida] va a tener un impacto enorme en el mercado laboral, reduciendo la vulnerabilidad de los trabajadores. Son libres de marcharse, son libres para moverse,” celebra Homayounpour.
Sin embargo, la “kafala” –el sistema utilizado en varios países del Golfo por el cual el empleador “patrocina” el permiso de residencia del empleado- seguirá funcionando, y los migrantes aún necesitarán el permiso del patrón para cambiar de trabajo.
Mustafa Qadri, de la consultoría de derechos laborales Equidem Research, apunta que la prueba de fuego de las reformas será su implementación. “El paso crítico para prevenir la explotación es aplicar estas reformas: garantizar que los trabajadores sean conscientes de sus derechos, que el Estado tenga suficientes recursos para garantizar su cumplimiento, por ejemplo a través de inspecciones de trabajo,” advierte.
Muchos de los casi dos millones de trabajadores extranjeros no creen que las medidas les vayan a proteger de la explotación.
Sharif señala que aunque a partir de ahora cobre su sueldo a través de una transferencia directa –como estipulan las nuevas reformas-, sus jefes con frecuencia le obligan a trabajar horas extra no remuneradas. Y dado que su familia en Bangladesh depende del dinero que él envía, no se atreve a denunciar las condiciones de su empresa.
Leer más: Kuwait llega a un acuerdo con Filipinas con respecto a los trabajadores domésticos
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
