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Israel busca modificar la ley para expropiar terrenos de la iglesia en Jerusalén

Cristianos ante la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en febrero de 2018 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

Una nueva ley planteada en la Knesset -el parlamento israelí- pretende obligar a la Iglesia ortodoxa a ampliar el periodo de arrendamiento de sus tierras a propietarios judíos israelíes. Este periodo de arrendamiento, firmado hace casi un siglo y cuyo plazo concluirá dentro de poco, incluye más de 1.000 viviendas en Jerusalén Occidental.

La miembro de la Knesset, Rachel Azarías, representante del partido centrista Kulanu, ha presentado de nuevo el proyecto de ley que de aprobarse autorizará a Israel a confiscar tierras y propiedades pertenecientes desde hace siglos a la Iglesia y que ésta tiene alquiladas a entidades e individuos israelíes en Jerusalén Occidental. Este proyecto fue retirado tras la crisis surgida hace cuatro meses entre la Iglesia y el Estado hebreo, que causó el cierre temporal de la Iglesia del Santo Sepulcro.

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La nueva presentación del proyecto de ley, que ha cambiado de nombre, retira de sus disposiciones la referencia explícita a los bienes de la Iglesia. Las negociaciones en torno a estse asunto comenzaron esta semana con los representantes de la Iglesia ortodoxa y los inversores privados que alquilaron estos bienes en cuestión, así como representantes del Ministerio de Finanzas y delegados de la Administración de Tierras de Israel.

Los patriarcas de las tres iglesias cristianas presentes en los territorios palestinos han dirigido ayer lunes una misiva al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la que le exigen la suspensión del relanzamiento de este proyecto de ley que pretende confiscar tierras que son de su propiedad. Esto ocurre cuatro meses después del estallido de la crisis que llevó al cierre temporal de la Iglesia del Santo Sepulcro. Los bienes en disputa, que están situados en Jerusalén Oeste, habían sido alquilados a la iglesia a entidades sociales israelíes por un periodo de 99 años, e incluyen más de mil casas alquiladas ahora a ciudadanos israelíes. Posteriormente, la Iglesia decidió vender estos bienes a otras personas antes de la finalización del periodo de arrendamiento, lo que implicará un desalojo de estos residentes israelíes de estas residencias tras acabar el mismo.

Los patriarcas de las iglesias árabes de Israel califican en su misiva el proyecto de ley que autoriza a Israel la confiscación de estos bienes propiedad de la iglesia como "vergonzoso", y afirman en la misma que esto supone la confirmación de un "ataque sin precedentes contra la población cristiana de Tierra Santa". También denuncian que "algunos miembros del gobierno de Israel intentan promover el racismo y la división y socavar el statu quo al atacar a la población cristiana utilizando consideraciones populistas".

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El proyecto de ley, en caso de ser aprobado, concedería al Estado de Israel el derecho a "la confiscación de las tierras alquiladas por los organismos cristianos en Jerusalén a cambio del pago de indemnizaciones". En esencia, ello implica que el Estado israelí podría confiscar estos bienes en disputa o que podría forzar una extensión del periodo de arrendamiento entre ambas partes.

La miembro de la Knesset Rachel Azarías ha dicho que el relanzamiento de este proyecto de ley se ha realizado en coordinación con la oficina del primer ministro Netanyahu y el ministro Tzachi Hanegbi, que dirige un comité encargado de resolver la crisis previa con la iglesia cristiana. Mientras tanto, el diario Haaretz, basándose en fuentes del gobierno israelí, dice que la abolición de esta ley depende del posible avance de las negociaciones entre la Iglesia y los inversores sobre esta renovación o ampliación del contrato de arrendamiento por un período adicional. De ello se infiere un intento obvio por parte del gobierno israelí de poner a la Iglesia entre la espada y la pared en lo que a estos bienes en disputa en Jerusalén Oeste se refiere para forzar así una renovación o ampliación de estos contratos, al obligar a la Iglesia a elegir entre esa ampliación “pactada” de los mismos y la pérdida de esas propiedades por confiscaciones a golpe de decreto.

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