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Viendo lo que pasa en Myanmar, es obvio que la CPI no sirve para lo que se creó

Musulmanes rohingya que huyen de las operaciones militares en la región de Rakhine, en Myanmar, hacen cola para recibir ayuda humanitaria en el campo de refugiados de Cox Bazar, en la frontera de Bangladesh, el 20 de septiembre de 2017 [Safvan Allahverdi / Anadolu Agency]

Galardonados con el premio Nobel de la Paz y otras eminencias hacen cola para reprender a Aung San Suu Kyi por su fracaso a la hora de intervenir en el genocidio que se desarrolla en Myanmar. Sin embargo, existen peores villanos acechando en las sombras a los que culpar por lo sucedido al pueblo rohinyá.

La afrenta de Suu Kyi y su espectacular caída – una santa convertida en pecadora a los ojos de la comunidad internacional – ha complacido a los líderes militares anónimos que, durante años, han resentido su icónico estatus como una valiente luchadora por la democracia, que siempre defendía a los oprimidos. Aunque, como es comprensible, muchos sienten enfado hacia su falta de atención a lo que la ONU ha descrito como una “limpieza étnica”, los verdaderos villanos detrás de la brutal campaña contra los musulmanes rohingya son los oficiales y hombres del ejército de Myanmar, dirigidos por el general Min Aung Hlaing.  

La cifra de refugiados que huyen de la violencia y escapan a la Bangladesh vecina se acerca a los 410.000, pero no hay ninguna señal de que el general de 61 años vaya a considerar un cese de las hostilidades.  

La ONU ya ha calificado la ofensiva del gobierno de Myanmar como una “cruel operación militar” que “parece un ejemplo de libro de limpieza étnica”; aun así, la organización internacional es reacia a utilizar la palabra ‘genocidio’ para describir lo que sucede. Por eso, la ONU es aún más despreciable por su silencio que la inepta Suu Kyi.

Ahora mismo, mientras escribo, se perpetran terribles violaciones de los derechos humanos contra los musulmanes rohingya, y no es la primera vez. No es nada nuevo. Gritos de “nunca más” respecto al genocidio no se aplican, obviamente, a las personas de color o a las de fe musulmana.

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A lo largo de los años, se han infligido incontables atrocidades contra los rohingya por parte del ejército de Myanmar. Por ejemplo, en 2005, el ministro del Interior Ko Ko y dos actuales comandantes del ejército que servían para la junta militar previa supervisaron lo que parecen ser crímenes de guerra, según un estudio de la Escuela de Derecho de Harvard publicado en noviembre de 2014. Si los contenidos del informe son correctos, los tres son culpables de crímenes de guerra que, según las pruebas, les vinculan con ejecuciones, torturas y otras atrocidades.

El informe, publicado por la Clínica Institucional de Derechos Humanos de la escuela, fue el resultado de un estudio de tres años que descubrió las suficientes pruebas como para emitir órdenes de arresto para Ko Ko y los generales Khin Zaw Oo y Maung Maung Aye con cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Ko Ko era por aquel entonces el líder del Comando Sur, mientras que Khin Zaw Oo, actual comandante de la Oficina de Operaciones Especiales, y el general Maung Maung Aye también eran oficiales de la junta acusada de brutales campañas contra grupos rebeldes étnicos. Las conclusiones del informe de Harvard se basan en más de 150 entrevistas con personas de Myanmar y de la frontera entre Myanmar y Tailandia, incluidos miembros de las previas tropas del gobierno, que fueron testigos de las operaciones de contrainsurgencia en el sureste en 2005-2006.

Bajo la ley internacional, los tres líderes militares podrían ser responsabilizados por sus acciones, así como por los crímenes cometidos por las tropas bajo sus órdenes, al igual que el general Min Aung Hlain debería ser acusado de la limpieza étnica que se produce hoy en día en Myanmar.

Varios informes de contenido similar al de Harvard han surgido en cuanto a las atrocidades perpetradas contra los rohinyá, incluida una ocasión en 2012 en las que miles se lanzaron al mar en embarcaciones destartaladas para escapar de la persecución del ejército.

Desde las reformas políticas y económicas de 2010, la relación de Myanmar con Occidente ha mejorado y se han levantado sus sanciones, pero Estados Unidos y la Unión Europea – en particular – parecen más preocupados con asegurar acuerdos comerciales que con presionar al régimen para que implante reformas respecto a los derechos humanos. En el pasado, el gobierno Myanmar ha prometido reformas, pero no ha cumplido con esas promesas.

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Tras leer las declaraciones de testigos durante la última década, lo que sucede a día de hoy parece un déjà vu. Estos relatos son desgarradores; soldados desalojando a civiles; disparos contra los civiles que huían; destrucción de hogares, cultivos y tiendas; minas en zonas civiles; esclavización de los ciudadanos y su secuestro y ejecución.

Así que nos preguntamos algo simple: si estos líderes militares hubieran sido llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2006, ¿el ejército actual de Myanmar se hubiese atrevido a perpetrar este genocidio en el Estado de Rakhine? La respuesta es igual de simple: probablemente no.

Aunque Suu Kyi, la primera ministra de facto de Myanmar, no tiene las manos manchadas de sangre, su silencio sirve para proteger a los que sí, lo que la convierte en una persona despreciable. Ahora ella cosecha los frutos de su terrible comportamiento con las críticas por parte de la sociedad internacional. Tengo la sensación de que ya no le ofrecerán plataformas internacionales y grados honorarios de Occidente a la paria social de Myanmar. Ahora puede reflexionar sobre sus decisiones, pero nunca podrá recuperar su estatus global.  

La estadista birmana, Aung San Suu Kyi.

Sin embargo, gracias a otros, ahora estamos empezando a saber las caras e identidades de los responsables de los crímenes de guerra en Myanmar, tanto hoy como en 2005/6. Entonces, ¿por qué la ONU es tan reacia a actuar y usar la palabra “genocidio”? En cuanto lo haga, tendrá que emitir órdenes de arresto contra los sospechosos de los crímenes contra el pueblo de rohingya.

Por lo tanto, el silencio de la ONU es reprehensible y aún más imperdonable que el silencio de Suu Kyi, ya que sus acciones podrían marcar una enorme diferencia. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, describe los sucesos como “catastróficos”, mientras que Zeid Ra’ad Al-Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos, dio un paso más y lo calificó de “limpieza étnica”. La situación en Myanmar es más que “catastrófica”; es más que una “limpieza étnica”; es otra Ruanda, Sbrenica, Kosovo; es un genocidio.

Con la reticencia de la ONU de llamarlo por su nombre, las palabras de sus dirigentes carecen de significado. Si las potencias continúan haciendo oídos sordos, sólo podemos concluir que la CPI, establecida en 2002 por el Estatuto de Roma, ya no es apta para su propósito.

Esta fue la conclusión del gobierno sudafricano en la cumbre de la Unión Africana en Johannesburgo en 2015. Muchos países africanos firmaron la CPI después de 1998; se consideraba una corte que prometía perseguir la injusticia, pero los líderes africanos insisten en que no lo ha conseguido.

Sin duda, otros también consideran que la CPI tiene defectos institucionales si no actúa respecto a los claros crímenes de guerra que se cometen en Myanmar. La corte ya está sumida en tribunales de racismo, dobles estándares, hipocresía, corrupción y graves irregulares judiciales, así que no podemos evitar preguntarnos qué hacer para que la “corte mundial” pase a la acción para defender al pueblo rohingya.

La institución tiene derechos especiales de prosecución y remisión al Consejo de Seguridad de la ONU; por defecto, los cinco miembros permanentes del consejo (tres de los cuales – China, Rusia y EEUU – ni siquiera son miembros de la CPI) pueden actuar. Esto nos lleva a preguntarnos si la ONU es, en efecto, una fuerza del bien, o si es demasiado selectiva.

A pesar de haber recibido más de 9.000 quejas formales sobre supuestos crímenes de guerra en al menos 139 países, la CPI ha optado por acusar a 40 africanos negros de países africanos. Con esto, la CPI ha ignorado todos los abusos de Occidente en conflictos como los de Afganistán e Irak, y crímenes cometidos por los Estados clientes de Occidente. Por ejemplo, los intentos de acusar a los generales israelíes de crímenes de guerra nunca han pasado de la primera fase de la CPI, que, de momento, no tiene ningún interés en lo que sucede en el Estado de Rakhine o en Palestina.

Por desgracia, a menos que la comunidad internacional tome medidas contra los monstruos de Myanmar llevándolos ante la CPI, los rohingya pronto serán sólo un recuerdo, como las víctimas de los genocidios de Ruanda, Srebenica y Kosovo.

Según un informe de 2015 sobre los rohinyá publicado por Equal Rights Trust, la mayoría viven en “campamentos no oficiales o guetos, sin ninguna ayuda. La situación de los rohingya recuerda a la de los judíos de la Alemania nazi o a la era del apartheid de Sudáfrica”.

Son palabras mayores, pero, ¿son suficientes como para acabar con el eterno sufrimiento de los musulmanes rohingya? Devolver un Premio Nobel de la Paz no cambiará nada para las víctimas del genocidio de Myanmar, pero si la CP y sus oficiales tienen algún tipo de respeto y preocupación por la justicia mundial, deberían emitirse órdenes de arresto por crímenes de guerra hoy mismo, empezando por el general Min Aung Hlaing.

 

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