Hace nueve años, Teklit Michael huyó de Eritrea para evitar el reclutamiento militar, sobrevivió a un peligroso viaje a través de la península del Sinaí y solicitó asilo en Israel.
Este dinamizador comunitario eritreo de 29 años trabaja ahora como cocinero en un restaurante al sur de Tel Aviv - solo, sin familia y en un limbo legal-, mientras espera respuesta a su solicitud de asilo.
Desde mayo, Michael se viene enfrentando a otro obstáculo, un impuesto aprobado recientemente que obliga a su jefe a retenerle una parte de su sueldo en un fondo al que él solo pueda tener acceso en caso de que salga de Israel.
Michael cree que el objetivo de la nueva legislación, que sólo se aplica a los migrantes y solicitantes de asilo africanos, es claro."El gobierno israelí quiere que dejemos el país", declara Michael, quien dejó su patria en lugar de servir en un ejército acusado por grupos de derechos humanos de tratar brutalmente a los reclutas y obligarlos a servir indefinidamente. "Quieren desmoralizarnos".
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El Ministerio del Interior hebreo sostiene por el contrario que las nuevas normas están destinadas a beneficiar a los migrantes y solicitantes de asilo, a quienes el gobierno se refiere como infiltrados ilegales.
"[Provee] una suma de dinero que la persona tendrá cuando salga", aclaró Sabine Haddad, una portavoz del Ministerio de Población, Inmigración y Autoridad Fronteriza.
Israel ha concedido el asilo a menos del 1% de los que lo han solicitado y tiene una acumulación de años de solicitudes sin respuesta.
"PLAN CALCULADO"
Conforme a la nueva ley, los empleadores deben descontar el 20% de los salarios de los empleados eritreos y sudaneses que entraron ilegalmente en Israel desde Egipto y tienen visas temporales.
El dinero descontado se deposita en un fondo, junto con un impuesto pagado por el empleador del 16%, y permanece allí hasta que el trabajador abandona el país.
"Es un plan muy calculado para asegurarse de que la gente entienda que no son bienvenidos", declaró Ruvi Ziegler, profesor asociado en derecho internacional de refugiados en la Universidad de Reading e investigador en el Israel Democracy Institute.
Un gran número de africanos, la inmensa mayoría procedentes de Eritrea y Sudán, comenzó a entrar ilegalmente a Israel desde Egipto a mediados de la década de los 2000. Muchos aseguran que huyen de la guerra y la persecución, así como las dificultades económicas, pero Israel los trata simplemente como migrantes económicos.
Israel también ha ofrecido muchas compensaciones financieras si aceptan mudarse a un tercer país de África, generalmente Ruanda o Uganda.
Los trabajadores humanitarios declaran que desde que se implementó la nueva ley, ha habido un aumento de solicitantes de asilo que son despedidos de sus puestos de trabajo a causa del impuesto, ya que genera un sobrecoste al empresario.
No hay cifras gubernamentales sobre este tema, pero los trabajadores humanitarios declaran que algunos migrantes están registrando sólo algunas de las horas que trabajan, para reducir los impuestos pagados tanto por el empleador como por el empleado.
Lemlem, un eritreo que declinó dar su nombre completo, declaró que había perdido su trabajo en una tienda de ropa en Tel Aviv porque su empleador no quería pagar la subida del impuesto.
Una mujer eritrea 29 años tiene una hija de seis y su esposo está desempleado. Ahora mismo no sabe cómo va a pagar su alquiler mensual de 1.800 shekel (unos 500 euros).
"La gente de Eritrea está muy asustada," confiesa la mujer.
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