Más de 50 profesores de facultades de Derecho de Túnez firmaron una petición exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia "que han sido encarcelados sin causa justa ni juicio imparcial", así como el fin de la "ola de represión" en el país.
La declaración, firmada por 52 expertos en derecho y ciencias políticas, subraya que los abogados que defienden a los detenidos han confirmado que los expedientes están vacíos, carentes de cualquier prueba de culpabilidad.
Los firmantes también destacaron que durante la redada en los domicilios de los detenidos no se encontraron ni confiscaron armas, municiones, explosivos ni otros materiales, equipos o documentos relacionados con la comisión de delitos terroristas o no terroristas.
Afirmaron que el establecimiento de un caso de conspiración contra la seguridad del Estado basado en el examen de los ordenadores y teléfonos móviles de los detenidos no ha arrojado nada significativo, salvo el descubrimiento de mensajes ordinarios que no constituyen ningún acto delictivo o terrorista. El principio general del derecho establece que "si no se establecen las pruebas, el acusado debe ser puesto en libertad", explicaron.
Los firmantes criticaron los retrasos en los procedimientos de investigación. Subrayaron que en estos casos no se dan los elementos de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia.
Además, los firmantes consideraron que los decretos y órdenes emitidos, basados en medidas excepcionales, constituyen graves violaciones de la Constitución y la legalidad.
Las autoridades tunecinas lanzaron campañas de detenciones contra decenas de personalidades y activistas de la oposición, entre ellos ex diputados, ministros, dirigentes de partidos, periodistas, jueces, abogados y defensores de los derechos humanos. Se les acusó de "conspirar contra la seguridad del Estado, incitar a la gente a agredirse entre sí, blanqueo de dinero, colusión con países extranjeros, difusión de noticias falsas y comisión de un acto atroz contra el jefe del Estado", pero no se han presentado pruebas que demuestren los cargos.
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