Israel aprobó ayer un proyecto de ley privado para ampliar sus discriminatorios Comités de Admisión, desencadenando una reacción violenta de grupos de derechos que han advertido de que afianzará aún más la segregación racial. El objetivo de la legislación, según un informe del Jerusalem Post, es descentralizar la población y fortalecer la periferia dando a los residentes los medios para mantener sus formas de vida comunales y rurales.
Introducida en 2011, la Ley de Comités de Admisión legaliza los "Comités de Admisión" que operan en cientos de pequeñas ciudades comunitarias construidas en terrenos estatales en el Naqab (Néguev) y Galilea. La ley otorga a los Comités de Admisión, organismos que seleccionan a los solicitantes de unidades de vivienda y parcelas de tierra, una discrecionalidad casi total para aceptar o rechazar a personas para vivir en estos pueblos. Los comités incluyen a un representante de la Agencia Judía o de la Organización Sionista Mundial, entidades cuasi gubernamentales. En la práctica, filtran a los solicitantes árabes palestinos y a otros de grupos marginados.
La enmienda a la ley de 2011 ampliaría la aplicabilidad de la legislación de municipios con 400 hogares a aquellos con hasta 1.000 hogares.
Las organizaciones de derechos humanos han tachado la medida de racista y antidemocrática. El proyecto de ley forma parte de una serie de medidas para implantar la "segregación racial" y promover la anexión de la Cisjordania ocupada, según afirma Adalah, el Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, en el Post.
"La Ley del Comité de Aceptación ya se utiliza para regular un mecanismo de segregación racial y tiene por objeto aplicar el valor de los asentamientos judíos que la Ley del Estado Nación consagra como principio supremo", afirma el Dr. Suhad Bashara, de Adalah, en un comunicado. "Los documentos del gobierno revelan abiertamente que la profundización del racismo es ahora la política oficial de Israel, y que desea actuar para anexionarse los territorios ocupados aplicando la ley".
Denunciando la medida, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel dijo: "En un país democrático, todo ciudadano tiene derecho a vivir donde quiera, como parte de la dignidad humana, y someter este derecho a un proceso de selección invasivo y entrometido requiere una justificación exhaustiva."
La semana pasada, antes de la decisión del gabinete israelí de ampliar las Comisiones de Nombramientos, el ministro de Justicia, Yariv Levin, explicó que instalar jueces que entiendan que los judíos "no quieren vivir con árabes", es una de las razones de la polémica reforma judicial.
Levin instó a los legisladores a facilitar a la sociedad israelí la práctica de la discriminación racial ampliando el polémico Comité de Admisiones del país. "Los árabes compran apartamentos en las comunidades judías de Galilea y esto está provocando que los judíos abandonen estas zonas porque no quieren vivir con árabes", declaró Levin durante su intervención en una reunión del gabinete la semana pasada. "Tenemos que asegurarnos de que haya jueces en el Tribunal Supremo que entiendan esto", añadió.
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