La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido demandada por un grupo proisraelí estadounidense por su decisión en febrero de boicotear al Estado ocupante por su práctica del apartheid. En una medida acogida con satisfacción por los palestinos, Barcelona emitió un decreto para la "suspensión temporal" de las relaciones con Israel, así como de todas sus instituciones, incluido su hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv, en protesta contra las prácticas de apartheid de Israel.
Durante el anuncio del cambio de política, Colau dijo que la decisión era necesaria para avanzar hacia la paz, y recordó que el municipio había suspendido las relaciones con la ciudad rusa de San Petersburgo tras la invasión rusa de Ucrania. La alcaldesa añadió también que la decisión no va dirigida contra los ciudadanos judíos, sino contra las políticas del gobierno israelí que somete a los palestinos al apartheid. Colau citó las repetidas violaciones de los derechos humanos de la población palestina y el incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para justificar la decisión de boicotear a Israel.
El grupo estadounidense sin ánimo de lucro conocido como The Lawfare Project ha tomado medidas para demandar a Colau. La organización se describe a sí misma como "el único fondo internacional de litigios pro-Israel", y ha puesto en marcha más de 70 demandas y acciones legales en 16 jurisdicciones de todo el mundo. El Proyecto también financia acciones legales y demandas para proteger la libertad de expresión y los derechos civiles. Sin embargo, en este caso, el grupo no parece creer que la libertad de expresión se aplique cuando se trata de Israel.
Según el Jewish News Syndicate, The Lawfare Project ha demandado a Colau en nombre de la organización benéfica local Instituto Barcelona para el Diálogo con Israel. "La Sra. Colau actuó más allá del ámbito de su autoridad al infringir el poder del gobierno español para dirigir la política exterior y violó los procedimientos legales aplicables", según Lawfare.
Brooke Goldstein, directora ejecutiva del Lawfare Project, afirmó que el boicot "representa un abuso total del proceso legal para emprender una campaña intolerante y partidista, en lugar de una decisión legal dentro del ámbito de competencias de la alcaldesa de Barcelona".
Los llamamientos al boicot de Israel han crecido en los últimos años después de que los principales grupos de derechos humanos alcanzaran el consenso universal de que Israel practica el apartheid. A principios de esta semana, la prestigiosa revista estadounidense Foreign Affairs, considerada una de las más influyentes en política exterior a la hora de conformar el pensamiento de Washington, se sumó a la afirmación de que Israel ha impuesto un régimen de apartheid que discrimina sistemáticamente a los no judíos.
El grupo pro-Israel afirma que calificar a Israel de Estado de apartheid es antisemita y está haciendo una enérgica campaña para que se adopte la muy controvertida definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Con siete de los once ejemplos de antisemitismo enumerados en la llamada "definición internacional", se abre la puerta a un tsunami de difamaciones contra los críticos del Estado de ocupación, incluidos importantes grupos de derechos humanos.
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