La amarga lucha que se libra desde enero en Israel por el intento del sexto gobierno de Netanyahu de reformar el poder judicial y el régimen, se describe a menudo como una lucha entre una estrecha mayoría política y una gran minoría. La "tiranía de la mayoría" es una crítica que se hace a menudo al actual gobierno, que intenta imponer rápidos cambios constitucionales. Pero esto es erróneo; a lo que estamos asistiendo es a la peligrosa aparición de la "tiranía de una minoría", que pretende profundizar el apartheid que está arraigando en toda la zona bajo el régimen israelí.
La coalición gubernamental afirma que, con su reciente victoria electoral, tiene derecho a legislar y aplicar sus políticas. La oposición afirma que la "reforma" propuesta por la coalición acabará con la autonomía judicial necesaria para la protección de los derechos humanos y la supervivencia de la democracia. Ambas partes, según parece, aceptan que "el pueblo ha hablado" y que el actual gobierno goza de una mayoría legítima.
Sin embargo, una mirada más profunda revela un panorama muy diferente. No hay mayoría alguna que respalde al actual gobierno, y mucho menos legitimidad para sus medidas destructivas. En primer lugar, los partidos de la coalición sólo obtuvieron el 48,4% de los votos en las últimas elecciones. Su mayoría parlamentaria se consiguió porque dos partidos de izquierda no superaron el umbral y, por tanto, dieron al bloque nacionalista y religioso la oportunidad de formar gobierno.
En segundo lugar, y más importante, se supone que la mayoría en un gobierno democrático procede de toda la población sometida al régimen. El gobierno actual declaró, una y otra vez, su intención de controlar todo el territorio entre Jordania y el Mar, como se anunció en la frase inicial del actual acuerdo de coalición:
"El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inquebrantable a toda la Tierra de Israel. El gobierno avanzará y desarrollará el asentamiento judío en todas las partes de la tierra: en Galilea, el Néguev, el Golán, Judea y Samaria."
De ahí que el gobierno declare abiertamente su intención de gobernar sobre siete millones de palestinos (aproximadamente la mitad de la población de Israel/Palestina), cinco millones de los cuales no tienen ciudadanía ni derecho a voto. Por lo tanto, está claro que nos enfrentamos a una minoría que pretende gobernar de forma antidemocrática a una gran población palestina privada de derechos, así como a más de la mitad de la población israelí. En otras palabras, crear una tiranía de la minoría.
Uno puede preguntarse: ¿por qué necesitan revisar el poder judicial? La respuesta es clara: los tribunales son potencialmente el último obstáculo contra la profundización de un régimen "legalizado" de supremacía judía. Por lo tanto, el debilitamiento del sistema judicial es "necesario", ya que el gobierno actual pretende institucionalizar un sistema de apartheid y grabar en piedra la supremacía judía (patriarcal y, a veces, religiosa) entre el río y el mar.
Es cierto que, a lo largo de los años, el sistema jurídico israelí ha discriminado sistemáticamente a los árabes palestinos a ambos lados de la Línea Verde y no ha protegido suficientemente los derechos humanos y sociales individuales. También ha permitido a los gobiernos israelíes continuar con la judaización colonial (bajo el pretexto de "colonizar la periferia"), y ha acelerado la privatización de la mayoría de los servicios, marginando así a más periferias sociales.
LEER: Los ataques contra la mezquita de Al-Aqsa están agotando a Israel en todos los frentes
Sin embargo, al mismo tiempo, dada la falta de una constitución, una carta de derechos o el cumplimiento del derecho internacional, el Tribunal Superior de Justicia ha impedido en ocasiones la aplicación de leyes y políticas duras, como los desalojos masivos, la denegación de agua y servicios médicos, la falta de transporte e instalaciones públicas, o casos de flagrante discriminación étnica. De hecho, esto ha sido sólo parcial e insuficiente, pero las futuras sentencias de jueces nombrados por líderes políticos -como sugiere la actual "reforma"- supondrían el fin de protecciones parciales, exponiendo así a los palestinos a leyes y políticas aún más brutales.
En la actualidad, el sistema judicial de Israel puede compararse a un tejado con goteras durante una gran ventisca. A pesar de sus muchos agujeros, todavía ofrece cierta protección. Sin embargo, si el tejado se rompe, todos quedarán expuestos a una ventisca mortal. En nuestro caso "la ventisca" es la profundización del régimen de apartheid judío-israelí con su amplio arsenal de opresiones.
No es casual que los líderes de la actual "revolución judicial" procedan principalmente del movimiento de colonos coloniales. Entre ellos se encuentran el principal arquitecto del golpe, Yariv Levin, presidente del grupo de presión "Tierra de Israel" de la Knesset; el colíder del golpe, Simha Rotman, residente en un "puesto de avanzada" ilegal; Bezalel Smotrich, jefe del partido expansionista "Sionista Religioso" y colono que vive en tierras palestinas privadas robadas; Itamar Ben-Gvir, líder del partido racista "Poder Judío", y David Amsalem, colono radical y ministro del Likud. Todos ellos promueven la supremacía judía sobre toda la tierra, es decir, el apartheid judío. En la actualidad, encuentran un buen aliado en un Primer Ministro que, en su intento de hacer descarrilar su proceso penal, está dispuesto a atacar al poder judicial con todo su poder.
La actual oleada de protestas que envuelve a Israel no tiene precedentes y resulta inspiradora. Durante más de tres meses, cientos de miles de personas han salido a la calle mediante manifestaciones, huelgas e interrupciones para detener el golpe antidemocrático. La sociedad civil israelí muestra fuerza y determinación como nunca antes. A pesar de esta impresionante muestra de protesta, a estas alturas sigue siendo insuficiente para cambiar el rumbo del golpe.
A pesar de su asombrosa fuerza e ímpetu, la actual oleada de protestas no está exenta de algunos problemas. Da protagonismo a las élites militares, económicas y culturales israelíes (principalmente asquenazíes), mientras que son sobre todo los árabes palestinos, las poblaciones periféricas judías de menores ingresos y las mujeres quienes probablemente se lleven la peor parte de las llamadas "reformas". La protesta no sólo debería exigir la paralización de la legislación antidemocrática, sino aprovechar la oportunidad para reconstruir el sistema judicial, que necesita más, no menos, poder judicial para ayudar a abordar los males de los regímenes capitalistas coloniales y neoliberales. El momento actual es una rara oportunidad histórica, cuando los cánticos por la democracia, la igualdad y la justicia rugen, semana tras semana, por cientos de miles en las calles.
LEER: El nuevo gobernador de los colonos israelíes
Además, la imaginación política y la movilización de los líderes de las protestas deben ampliarse para incluir a todos los que residen bajo el régimen israelí. La democracia no puede coexistir con el apartheid. De ahí que la respuesta obvia a la tiranía emergente sea la creación de un "frente contra el apartheid" que incluya a todas las personas -judíos y palestinos por igual- que viven bajo el régimen actual y que apoyan la democracia y la igualdad.
Un frente de este tipo exigiría compromisos incómodos por parte de la mayoría de los actores, pero su creación no sólo daría voz a las personas con más probabilidades de ser el blanco del golpe (los árabes palestinos), sino que también podría construir una mayoría política, algo prácticamente imposible sin los ciudadanos palestinos. Una agenda de este tipo es, por tanto, tanto moral como política. La protesta actual se encuentra todavía en una fase defensiva necesaria, intentando bloquear el golpe judicial. Pero construir una visión descolonial y democrática a largo plazo es ahora absolutamente necesario, y es un paso urgentísimo para prevenir e invertir el peligro inminente de la tiranía de la minoría.
El profesor Oren Yiftachel enseña geografía política en la Universidad Ben-Gurion de Beersheba y es autor de "Land and Power: Israel/Palestine from Ethnocracy to Creeping Apartheid" (Resling, 2021). Yiftachel es cofundadora del movimiento pacifista "Una tierra para todos", que aboga por una confederación palestino-israelí como visión adecuada para la paz.
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
