El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó el jueves a Italia por "trato degradante" a cuatro migrantes en la isla de Lampedusa, por detención sin una base legal clara y por "expulsión colectiva" sin evaluación individual. Cuatro tunecinos habían recurrido a la justicia cuando intentaron cruzar el Mediterráneo en 2017 y fueron rescatados por un barco italiano antes de ser trasladados a Lampedusa. Alegaron haber sufrido un trato "inhumano y degradante" en la isla antes de ser "obligados" a regresar en avión a Túnez.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que el gobierno italiano no rebatió las acusaciones relativas a las condiciones de vida y el trato de los migrantes en Lampedusa, que fueron "confirmadas por fuentes independientes nacionales e internacionales". El tribunal también señaló que Roma no demostró que los procedimientos de deportación hubieran comenzado realmente antes del regreso de los migrantes, por lo que su detención se produjo "sin una base jurídica clara", lo que les impidió impugnar su detención ante los tribunales.
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Los jueces europeos también se refirieron a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, destacando que en este caso no se consideraron "por separado" las circunstancias individuales de los implicados. En los casos de dos de los cuatro migrantes, las decisiones de expulsión "se basaron en presunciones y no contenían ninguna información individual", según el tribunal.
Se condenó a Italia a pagar 8.500 euros a cada uno de los demandantes que reclamaban una "indemnización moral". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el brazo judicial del Consejo de Europa, organismo con sede en Estrasburgo integrado por 46 países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal es competente para pronunciarse sobre las violaciones de este convenio cometidas en los territorios de los Estados firmantes.
Por otra parte, el Comité contra la Tortura, otro organismo afiliado al Consejo de Europa, pidió el jueves en un informe a los países que pongan fin a las devoluciones en las fronteras terrestres o marítimas, especialmente en las fronteras exteriores de la Unión Europea, señalando operaciones de devolución "ilegales e inaceptables". El Presidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Alain Michel, dijo que "un gran número de países europeos se enfrentan a problemas migratorios muy complejos en sus fronteras, pero esto no significa que puedan ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos".
Añadió que "estas operaciones de expulsión ilegales e inaceptables deben cesar". El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura declaró que había visitado centros policiales, fronterizos, de guardacostas, de detención y zonas de tránsito "a lo largo de las principales rutas migratorias hacia Europa" (Balcanes Occidentales, rutas del Mediterráneo Occidental, Central y Oriental). El informe señalaba que "los extranjeros son golpeados cuando son detenidos o deportados: puñetazos, bofetadas, golpes con porras u otros objetos sólidos o ilegales, por la policía o los guardias fronterizos".
El informe condenaba "otras formas de trato inhumano o degradante, como disparar cerca de personas tendidas en el suelo, empujarlas a los ríos (a veces con las manos atadas), despojarlas de sus ropas y, en algunos casos, enviarlas completamente desnudas a través de la frontera."
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a Italia por "trato degradante" a cuatro inmigrantes en la isla de Lampedusa, por detención sin una base legal clara y por "expulsión colectiva" sin evaluación individual.
Cuatro tunecinos habían recurrido a la justicia cuando intentaron cruzar el Mediterráneo en 2017 y fueron rescatados por un barco italiano antes de ser trasladados a Lampedusa. Alegaron haber sufrido un trato "inhumano y degradante" en la isla antes de ser "obligados" a regresar en avión a Túnez.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que el gobierno italiano no rebatió las acusaciones relativas a las condiciones de vida y el trato de los migrantes en Lampedusa. El tribunal también señaló que Roma no demostró que los procedimientos de deportación hubieran comenzado realmente antes del regreso de los migrantes, por lo que su detención se produjo "sin una base jurídica clara", lo que les impidió impugnar su detención ante los tribunales.
Italia fue condenada a pagar 8.500 euros (9260 dólares) a cada acusado.
El informe condenaba "otras formas de trato inhumano o degradante, como disparar cerca de personas tendidas en el suelo, empujarlas a los ríos (a veces con las manos atadas), despojarlas de sus ropas y, en algunos casos, enviarlas completamente desnudas a través de la frontera".
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