Fue una labor difícil para la Corte Penal Internacional (CPI), que vio la luz en julio de 1998. Tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, se pusieron en marcha proyectos para crear un tribunal penal permanente que eliminara el estado de impunidad generalizada. Sin embargo, algunos países que temían el procesamiento de sus funcionarios se opusieron a tal organismo, y la lucha continuó hasta que finalmente se estableció.
Las misiones diplomáticas en Roma, incluidas las de Estados Unidos de América y Rusia, firmaron la Convención de Roma por la que se creaba la CPI. En total, 123 países se convirtieron en Estados Partes del organismo.
Sin embargo, Estados Unidos retiró su apoyo al organismo, seguido de Rusia, y emprendió una guerra contra la CPI que alcanzó su punto álgido durante la era Trump. El presidente estadounidense impuso sanciones a la exfiscal Fatou Bensouda y a varios miembros del personal de la CPI después de que esta decidiera abrir una investigación oficial sobre los crímenes israelíes cometidos en Palestina.
La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes graves cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002, pero no sobre los que tuvieron lugar antes de esa fecha. Su creación contó también con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que esperan acabar con la impunidad.
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Estas esperanzas empezaron a disminuir rápidamente después de que una coalición occidental liderada por Estados Unidos invadiera Afganistán en octubre de 2001 e Irak en marzo de 2002, y cometiera los crímenes más atroces que han quedado sin enjuiciamiento ni rendición de cuentas hasta hoy. El Reino Unido, miembro de la CPI, fue un socio clave de la coalición.
Se hizo evidente que el tribunal se había politizado debido a su incapacidad para investigar crímenes cometidos por superpotencias, mientras que investigaba crímenes cometidos en África. Este sesgo creó un estado de ira e intranquilidad entre los países africanos, que se tradujo en la retirada de Burundi y Sudáfrica, con otros amenazando con seguir su ejemplo.
Los crímenes cometidos en Palestina han estado en el punto de mira del mundo humanitario desde la época del Mandato Británico hasta hoy, pasando por las dos catástrofes. Sin embargo, nunca se ha responsabilizado a nadie de los graves crímenes que se cometieron en Palestina. La CPI alegó que no podía investigar estos crímenes porque Palestina no es parte en la Convención de Roma. En 2012, Palestina adquirió la condición de Estado no miembro y remitió a la Corte los crímenes cometidos en Palestina desde el 14 de junio de 2014. Palestina se adhirió entonces al Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de abril de 2015, sin embargo, ocho años después, no se ha avanzado en estas investigaciones y la Fiscalía no ha emitido ninguna orden de detención.
Ucrania y Rusia no son parte del Convenio de Roma, por lo que el tribunal no puede investigar los crímenes que ocurren allí, sin embargo Ucrania aceptó la jurisdicción del tribunal en los crímenes cometidos en su suelo. Inmediatamente, el fiscal general, Karim Khan, anunció que su oficina había abierto una investigación después de que 39 países remitieran a su oficina crímenes cometidos allí.
¿Dónde estaban estos países durante la invasión estadounidense de Irak y Afganistán? ¿Qué hay de los crímenes cometidos en Yemen, Libia y Siria, en los que Putin destruyó ciudades, envenenó a personas, las desplazó y derramó la sangre de niños, mujeres y ancianos?
¿De dónde ha salido esta repentina voluntad internacional que ha impulsado a Karim Khan a aceptar fácilmente abrir una investigación?
¿Por qué no ha existido esta voluntad en el caso de Palestina? Durante la Segunda Intifada, que comenzó en 2000 y terminó en 2005, murieron más de 5.000 personas y más de 50.000 resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, y se destruyeron viviendas. Durante la guerra contra Gaza en 2008 (Operación Plomo Fundido), Israel utilizó armas prohibidas internacionalmente, matando a más de 1.400 personas e hiriendo a miles. Durante la guerra de 2012 (Pilar de Defensa), murieron 180 personas y cientos resultaron heridas.
Varias organizaciones de la sociedad civil intentaron presionar a la Fiscalía para que investigara los crímenes cometidos, pero el Ministerio Público respondió que Palestina no es parte en la Convención de Roma.
El caso de Palestina no necesita remisiones, y el anterior fiscal tomó la decisión de abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en febrero de 2021. A pesar de ello, Karim Khan no ha tomado medidas, a pesar de que los expedientes estaban listos y completos, dejando que los crímenes continúen y los autores estén libres.
¿Está esperando Khan más crímenes horribles? ¿No ha oído a Bezalel Smotrich, que negó la existencia del pueblo palestino y pidió a los colonos ilegales que "aniquilaran" una ciudad palestina?
¿No ha visto los informes que describen este año como el más sangriento, en el que más de 90 palestinos, entre ellos 15 niños, han sido asesinados hasta la fecha?
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Khan es plenamente consciente de todo lo que ocurre, pero ignora deliberadamente las denuncias que le llegan. Tampoco continúa las investigaciones ni emite ninguna declaración sobre los crímenes que se están cometiendo en Palestina, y cuando hace un año le preguntaron por el expediente palestino en una entrevista con Al Jazeera, dijo: "No es apropiado hablar de un caso concreto", y se negó a entrar en detalles. Sin embargo, cuando le preguntaron por el ex presidente sudanés Omar Al-Bashir y el caso contra él, habló largo y tendido.
En diciembre de 2022, la Fiscalía publicó un informe sobre los casos de los que se ocupa; Palestina sólo se mencionó tres veces, al margen. Tal vez esto aclare por qué todos los ataques contra la Fiscalía han cesado desde su nombramiento.
Desde que estalló la guerra en Ucrania en febrero de 2022, bajo la presión política de varios países, entre ellos Estados Unidos, que no es parte en el tribunal, el Fiscal General ha participado en actividades y conferencias sobre los crímenes cometidos allí, pidiendo el procesamiento de los sospechosos y el establecimiento de un tribunal especial para perseguirlos. También ha visitado Ucrania en cuatro ocasiones y se ha reunido con funcionarios del país para preparar expedientes sobre los crímenes cometidos.
Khan sólo se centra en los crímenes cometidos por los rusos en Ucrania y nunca ha hablado de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y militares ucranianas, lo que supone una flagrante violación de la imparcialidad del tribunal y un claro indicio de la ciega sumisión de Khan a Occidente.
Sin embargo, en lo que respecta a Palestina, siempre se ha insistido en que todas las partes tendrán que rendir cuentas, como si las partes del conflicto en Palestina fueran iguales en número y armas a las del Estado de ocupación.
La sumisión de Khan a las agendas de los poderes políticos ha politizado definitivamente el tribunal, y esto amenaza ahora su existencia. Si la decisión de detener a Putin se llevara a cabo conforme a la justicia natural, la humanidad estaría satisfecha, ya que se trata de un criminal que cometió los crímenes más horrendos no sólo en Ucrania, sino también en otros países.
Putin debería haber sido detenido por sus crímenes en Siria, donde destruyó ciudades enteras, desplazó a personas y cometió atroces masacres.
Aunque Rusia y Siria no son partes en la Convención de Roma, si hubiera voluntad política, sus crímenes se habrían remitido a la CPI o se habría creado un tribunal especial para juzgarlos.
Khan se ha entregado a un juego político que ha dañado gravemente la reputación y la imparcialidad del tribunal. Convirtió la CPI en una herramienta para las potencias que ya estaban en contra de ella y la combatieron ferozmente. Puede que a la CPI le haya costado venir a este mundo, pero Khan se está encargando de ahogarla, politizarla e incapacitarla para cumplir su mandato.
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