El fin de semana se celebraron por fin en Túnez las elecciones legislativas, última etapa de la instauración de las instituciones del nuevo sistema político presidido por Kais Saied. El proceso comenzó con la redacción de una nueva Constitución y un referéndum para aprobarla. De las elecciones saldrá la nueva Cámara de Representantes, que asumirá la "función legislativa", como la denomina la constitución de 2022.

Sin embargo, en las elecciones se registró una baja participación sin precedentes, lo que plantea una serie de interrogantes. No más del 9% de los inscritos para votar lo hicieron realmente, lo que pone en el punto de mira a la actual autoridad política y a sus partidarios.

Desde julio de 2021, cuando Saied interrumpió la vía democrática y abolió la Constitución de 2014, la justificación ha sido siempre que Túnez vivía bajo un sistema democrático que era una formalidad y que había perdido su legitimidad popular. Se decía que era un sistema que ya no respondía a las aspiraciones del pueblo, por lo que lo que hacía falta era reconstruirlo de tal forma que se restableciera el estatus del Estado, la seriedad de la política y la influencia de la opinión pública.

Esta justificación eran meras palabras que no tenían ningún efecto sobre la realidad. Era un intento de construir un sistema autoritario híbrido que tuviera en cuenta algunas de las conquistas democráticas a las que la gente está acostumbrada, como el pluralismo de partidos y la relativa libertad de expresión, y que, al mismo tiempo, introdujera modificaciones legales en la estructura del sistema político. Entre ellas, el monopolio del poder para el presidente, que combina los poderes legislativo y ejecutivo y pasa por alto al legislativo, otorgándole autoridad exclusiva para redactar las leyes y la nueva Constitución.

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Las elecciones del pasado sábado fueron una prueba de la aceptación pública de estos cambios a la luz de una ley electoral concebida para excluir a los partidos políticos y debilitar su influencia. También suprimió la financiación pública de los candidatos, con el pretexto de luchar contra la influencia del "dinero político". Se suponía que estas medidas serían bien recibidas por el pueblo tunecino, pero el consiguiente boicot de las urnas puso de manifiesto una aguda crisis política que no puede pasarse por alto ni barrerse con la excusa de la indiferencia de la opinión pública. La escasa participación en las elecciones asestó un duro golpe al populismo político, ya que

que afirmaba que eso es lo que quiere el pueblo, y que todas las medidas "excepcionales" de Saied para cancelar la vía democrática se tomaron en nombre del pueblo en respuesta a sus deseos.

Esta negativa a participar en la farsa de unas elecciones generales sólo puede explicarse por el hecho de que hemos asistido a una rebelión pasiva porque el proceso político se considera ilegítimo e indigno de apoyo. El resultado era esperado por todo observador objetivo, y ha puesto de manifiesto el fracaso del gobierno de Saied, mientras las crisis siguen afectando a la vida cotidiana en Túnez. Las colas para comprar combustible y la ausencia de alimentos básicos en los estantes son algo que los tunecinos no habían experimentado antes, ni siquiera durante las revueltas.

Los responsables del gobierno creían que las críticas de la opinión pública a los partidos políticos y el resentimiento por el comportamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, como la Unión General Tunecina del Trabajo y el Sindicato de Funcionarios de Aduanas, harían que la gente aceptara un nuevo descenso del nivel de vida. Se trata de una ilusión, porque el gobierno no estudia el estado de ánimo de la población, y ejerce el poder mediante leyes promulgadas por decreto. No se tienen en cuenta los aspectos políticos de los distintos sectores de la sociedad.

Además, Kais Saied está convencido de que cuenta con un consenso popular absoluto. Esta percepción se basa en el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le llevó al poder, sin tener en cuenta las circunstancias que condujeron a ese resultado ni la naturaleza de su rival político. No tuvo en cuenta el hecho de que, una vez que uno ocupa una posición de autoridad, su popularidad tiende a debilitarse, aunque tenga éxito. La ilusión de un consenso llevó a Saied a pasar por alto el hecho de que tal valoración política es contraria a la naturaleza política del pueblo y a las consecuencias de años de pluralismo de partidos, diversidad ideológica y crítica pública de las autoridades. Esto permite a los ciudadanos ser capaces de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, y juzgar la actuación del gobernante.

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Dada la difusión del conocimiento y la transmisión instantánea de información, ideas y hechos en las redes sociales, era natural que el nuevo régimen sufriera una merma de su legitimidad y un bloqueo de sus canales de comunicación con el pueblo. En última instancia, esto condujo al boicot de las elecciones el pasado fin de semana.

Ahora la cuestión es cómo reaccionará la autoridad política existente y cómo hará frente al tenso estado de ánimo popular. La respuesta requiere sabiduría, buena actuación y el tipo de racionalidad que Túnez necesita en esta etapa crítica de su historia.

Este artículo apareció por primera vez en árabe en Al-Araby Al-Jadeed el 21 de diciembre de 2022.

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