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La CPI exige la cooperación de Sudán para detener a Bashir y sus colaboradores como responsables de crímenes de guerra

Juicio contra el ex presidente sudanés Omar al-Bashir por el golpe de Estado de 1989 que le llevó al poder, en el Instituto de Formación de Oficiales, en Jartum, Sudán, el 15 de junio de 2021. [Mahmoud Hjaj - Agencia Anadolu]

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió a las autoridades sudanesas que cooperen con la CPI en la ejecución de las órdenes de arresto emitidas contra el depuesto presidente Omar Al-Bashir y sus ayudantes en relación con los crímenes de guerra cometidos en Darfur.

Al final de su visita a la capital sudanesa, Jartum, que comenzó el sábado, Khan dijo que la misión de la CPI es ejecutar las órdenes de detención emitidas contra Al-Bashir y sus ayudantes para que sean juzgados por cargos relacionados con el conflicto en la región sudanesa de Darfur.

El tribunal ha exigido que Jartum entregue a Al-Bashir, de 77 años, y a tres de sus ayudantes: Ahmad Harun, Abdel Raheem Hussein y Abdallah Banda.

Khan añadió que, si bien el tribunal pretende ejecutar las cuatro órdenes de detención, el reto es lograr la cooperación con el gobierno de Sudán en este sentido.

En lo que parece ser una crítica a las autoridades sudanesas, Khan añadió que la justicia penal requiere más voluntad política que las relaciones diplomáticas y la emisión de visados para que el personal de la CPI entre en Sudán.

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En un informe que presentó al Consejo de Seguridad sobre el periodo comprendido entre enero y agosto de 2022, Khan reconoció los pasos positivos dados por el gobierno en cuanto a la concesión de visados, pero también señaló un reciente retroceso en la cooperación al respecto.

"Sin embargo, el panorama general durante el período que abarca el informe ha seguido siendo difícil y representa un retroceso con respecto al sólido período de cooperación del que disfrutó la Oficina por parte de las autoridades sudanesas entre febrero y octubre de 2021".

Dijo que la CPI llegará a Jartum en octubre para abrir una oficina allí.

En diciembre de 2019, Al Bashir fue condenado a dos años en un centro de rehabilitación por cargos de corrupción. La ley sudanesa prohíbe el encarcelamiento de personas de 70 años o más.

La Corte Internacional acusa a los políticos sudaneses buscados de estar implicados en las ejecuciones extrajudiciales de más de 260 personas y de violar a decenas de mujeres, además de saquear, quemar e intimidar a miles de residentes en Darfur Occidental.

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