La ONU dijo ayer que revisará la nueva Constitución de Túnez, sobre la que se celebró un referéndum el lunes.
Así lo dejó claro Farhan Haq, el portavoz adjunto del secretario general, durante una rueda de prensa en Nueva York, en respuesta a una pregunta sobre la opinión de Antonio Guterres acerca de las organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, que dicen que la nueva constitución socavará los derechos humanos y pondrá en peligro los avances logrados desde la revolución de 2011.
"Lo que puedo decirle es que sí tomamos nota de los resultados preliminares del referéndum constitucional que se celebró el lunes 25 de julio, tal y como anunció la comisión electoral [de Túnez]", dijo Haq. "La ONU sigue estando disponible para apoyar al pueblo tunecino a la hora de abordar cualquier desafío existente". Añadió que la ONU revisará la constitución que ha sido aprobada por los votantes en el referéndum.
"Túnez ha aprobado una nueva constitución defectuosa que desmantela o pone en peligro salvaguardias institucionales clave para los derechos humanos", declaró Amnistía Internacional el miércoles. "Es profundamente preocupante que Túnez haya adoptado una nueva constitución que socava los derechos humanos y pone en peligro los avances logrados desde la revolución de 2011."
La directora regional de Amnistía para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef, ha añadido: "La nueva constitución desmantela muchas de las garantías de la independencia del poder judicial, elimina la protección de los civiles frente a los juicios militares y otorga a las autoridades la facultad de restringir los derechos humanos o incumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en nombre de la religión. Esta nueva constitución, que ha sustituido a la de 2014, se redactó a puerta cerrada en un proceso totalmente controlado por el presidente Kais Saied. Al pueblo tunecino no se le proporcionó ningún tipo de transparencia en cuanto a las razones por las que el proceso se diseñó de esta manera, ni, para el caso, por qué era necesario reemplazar la constitución de 2014."
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El referéndum se celebró exactamente un año después de lo que Morayef calificó como "la toma de poder del presidente Saied, durante la cual las autoridades tomaron como objetivo a críticos de alto perfil y a opositores políticos mediante investigaciones y procesamientos penales, erosionando las protecciones de los derechos humanos en Túnez a un ritmo alarmante".
La nueva constitución, concluyó, no debe servir de justificación para retroceder en los compromisos adquiridos por Túnez en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. "Las disposiciones de cualquier constitución deben ser totalmente coherentes y compatibles con las obligaciones de Túnez en virtud del derecho internacional de los derechos humanos".
Los opositores políticos han rechazado el resultado del referéndum, entre ellos el Partido Republicano (centro-izquierda), la Corriente Democrática (socialista), el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (socialista), el Partido del Trabajo (izquierda) y el partido Polo Democrático Modernista (izquierda).
El secretario general del Partido Republicano, Issam Chebbi, señaló que "el 75%" de los votantes con derecho a voto no participaron en el referéndum. Acusó a la comisión electoral de "falsificar" las cifras de participación. El poder, añadió, ha sido "usurpado".
Mientras que el coordinador del partido Modernista Democrático, Riad Bin Fadl, pronosticó que el régimen de Saied "caerá mucho antes de lo que pensamos", el secretario general del Partido de los Trabajadores, Hamma Hammami, pidió que se tome al presidente como una "grave amenaza" para la sociedad civil. "Nos enfrentamos a una dictadura y a una catástrofe política a la que seguirá una catástrofe económica y social".
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