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Buscando establecer el "gran Israel", los republicanos estadounidenses prohíben la creación de un Estado para Palestina

Banderas israelí y estadounidense el 21 de marzo de 2013 en Jerusalén, Israel [Uriel Sinai/Getty Images].

En un nuevo indicio de que el apoyo a Israel se ha transformado en una posición religiosa extremista, los votantes estadounidenses de extrema derecha del Partido Republicano de Texas han aprobado una plataforma que hará ilegal la creación de un Estado palestino en los territorios controlados por el Estado del apartheid.

La plataforma, aprobada por 5.100 delegados en Houston el sábado, apoya la "prohibición de un Estado palestino dentro de las fronteras históricas de Israel, ya que pondría en peligro la seguridad de Israel y obligaría a este país a renunciar a la tierra que Dios dio al pueblo judío como se menciona en el Génesis".

Superando todas las posiciones antipalestinas anteriores adoptadas por un partido estadounidense, la plataforma del Partido Republicano aprobó la creación de lo que a menudo se denomina el "Gran Israel", que verá cómo Israel expande la dominación etno-nacionalista judía a cada centímetro de la Palestina Histórica.

Tras décadas de limpieza étnica, de rediseño artificial de las fronteras y de control de la población en función de quién es y quién no es judío, Israel ha conseguido hacerse con el control total del territorio desde el oeste del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En la actualidad, hasta 12 millones de personas residen en la Palestina histórica, pero el Estado de ocupación sólo concede plenos derechos a los judíos.

Los seis millones restantes que no son judíos están sometidos a diversas formas de discriminación racial, dependiendo de su lugar de residencia. Mientras que a los no judíos se les niega la plena igualdad con los judíos dondequiera que vivan, los 1,8 millones de ciudadanos palestinos de Israel, por ejemplo, tienen más derechos que los palestinos de cualquier otra zona de control israelí.

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Aunque se enfrentan a diversas formas de discriminación racial, a los palestinos de la Jerusalén Oriental ocupada se les concede un estatus relativamente mejor que a los palestinos de Cisjordania y Gaza, donde la población nativa ha sido enjaulada en una "prisión al aire libre".

Además, una política racista consagrada en la legislación israelí niega a unos seis millones de refugiados palestinos el derecho a regresar al territorio del que fueron expulsados hace sólo unas décadas. La misma ley, sin embargo, permite a todos los judíos del mundo "regresar" y establecerse en cualquier parte de Palestina, a pesar de no tener ninguna conexión directa con la tierra, salvo las reivindicaciones bíblicas mencionadas en el Génesis.

Estas prácticas, incluida la fragmentación racial de Palestina en zonas de control en las que la mitad de la población goza de plenos derechos de ciudadanía negados a la mitad no judía, ha persuadido a todos los principales grupos de derechos humanos a calificar a Israel de Estado de apartheid

En 2019, 138 de los 193 Estados miembros de la ONU han reconocido el Estado de Palestina. Además, todos los miembros de la ONU, incluidos Estados Unidos y los países europeos, están ostensiblemente comprometidos con la creación de un Estado palestino plenamente soberano. Sin embargo, todos los principales partidos israelíes rechazan explícitamente el consenso internacional y ahora han encontrado un fuerte apoyo a su posición radical en el partido republicano de Texas al excluir cualquier posibilidad de que se establezca un Estado palestino.

Aunque las plataformas de los partidos no se traducen necesariamente en política gubernamental, los críticos citan al ex presidente estadounidense Donald Trump y el apoyo del que goza Israel entre los poderosos cristianos evangélicos, así como entre los elementos marginales de la sociedad estadounidense, para argumentar que las opiniones más extremas y de rechazo al Estado del apartheid se han normalizado en la política estadounidense.

Entre otras políticas adoptadas por la circunscripción tejana pro-israelí se encuentra la propuesta de celebrar un referéndum sobre la secesión de EE.UU.; el rechazo a la presidencia de Joe Biden; la petición de la derogación de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que garantizaba la representación de los votantes negros.

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