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Además de Gran Bretaña, ¿qué países envían refugiados al extranjero?

Cientos de manifestantes se reúnen durante una protesta contra el plan del Reino Unido de enviar a los migrantes y solicitantes de asilo a Ruanda y la decisión del tribunal sobre el asunto frente al Ministerio del Interior en Londres, Reino Unido, el 13 de junio de 2022. [Raşid Necati Aslım - Agencia Anadolu]

Gran Bretaña sigue adelante con su política de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, a pesar de la intervención de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que impidió la salida del primer avión hacia la nación de África Oriental la semana pasada.

La ministra del Interior, Priti Patel, declaró que ya habían comenzado los preparativos para más vuelos, y añadió que los desafíos legales y las crecientes críticas no disuadirían al gobierno de seguir con su estrategia.

El jefe de los refugiados de la ONU ha calificado la política de "catastrófica", la cúpula de la Iglesia de Inglaterra la ha denunciado como "inmoral" y los medios de comunicación han informado de que el príncipe Carlos, heredero del trono, ha calificado en privado el plan de "espantoso".

A pesar de la indignación por el plan, Gran Bretaña no es el primer país que envía solicitantes de asilo al extranjero. En el Día Mundial del Refugiado, estos son algunos países que han adoptado un enfoque similar:

AustraliaIntroducido en 2001, el programa de asilo en el extranjero de Australia se dirige específicamente a los inmigrantes que llegan a las aguas australianas en barco, y tiene como objetivo disuadir a los refugiados de realizar peligrosas travesías oceánicas y detener el tráfico de personas.

Los solicitantes de asilo han sido trasladados a centros de detención en alta mar en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, y en la nación insular de Nauru, en el Pacífico Sur, para tramitar sus solicitudes.

La política -conocida como la "Solución del Pacífico"- se desmanteló en 2008, pero se reactivó en 2012 y se hizo más restrictiva en 2013, cuando el gobierno anunció que a las personas que llegaran en barco se les negaría el reasentamiento, aunque fueran reconocidas como refugiados.

Desde 2012, más de 4.000 solicitantes de asilo, incluidos niños, han sido enviados a centros de detención en Manus y Nauru para su tramitación. Muchos han esperado más de cinco años para que se tramiten sus solicitudes de asilo, según la ONG Refugee Council of Australia.

La política de asilo deslocalizada ha sido fuertemente criticada por las Naciones Unidas y los grupos de ayuda, que citan las duras condiciones de los centros, como los abusos de los guardias y las autolesiones y la depresión entre los detenidos.

Catorce personas han muerto en los campamentos de la isla, incluso por suicidio y por falta de atención médica adecuada, según el Centro Jurídico de Derechos Humanos. También ha habido casos de detenidos que han muerto durante las protestas por las condiciones del campamento o en ataques de la población local.

Australia cerró el año pasado el centro de la isla de Manus después de que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea dictaminara que era ilegal, pero todavía quedan unas 105 personas en Papúa Nueva Guinea. Otros 112 solicitantes de asilo viven actualmente en la comunidad de Nauru, según el Consejo de Refugiados.

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Israel

En 2014, Israel introdujo una política, ya desaparecida, para enviar a los rechazados por asilo y a los inmigrantes ilegales -principalmente de Sudán y Eritrea- a Ruanda y Uganda para su reasentamiento en un tercer país.

Se les daba la opción de ser deportados a su país de origen o aceptar un pago de 3.500 dólares y un billete de avión a Uganda o Ruanda, y los que se quedaban en Israel se enfrentaban a la cárcel.

Israel ha dicho que unas 20.000 personas regresaron a su país o se fueron a uno de los países de África Oriental bajo esta política, que los grupos de derechos humanos criticaron por enviar a los refugiados a países donde no había garantías sobre su seguridad.

Una investigación realizada por la Universidad de Oxford y la Iniciativa Internacional por los Derechos de los Refugiados descubrió que a muchos de los deportados a Ruanda y Uganda se les retiraban los documentos de viaje a su llegada y se les retenía en hoteles vigilados por hombres armados. La mayoría escapó y pagó a contrabandistas de personas para realizar el peligroso viaje a Europa.

En medio de crecientes críticas internacionales y nacionales, el programa israelí fue desechado en 2019 tras su suspensión por el Tribunal Supremo del país.

Unión Europea

La Unión Europea apoya indirectamente los programas de asilo en alta mar como parte de esfuerzos más amplios para detener a los refugiados que llegan a través del Mediterráneo.

El bloque ha pagado a Turquía miles de millones de dólares para evitar que los refugiados lleguen a Grecia, y ha financiado la Guardia Costera de Libia, que empuja los barcos de migrantes con destino a Europa de vuelta al norte de África. También ayuda a financiar centros de la ONU en Níger y Ruanda para procesar a los solicitantes de asilo.

En el marco de un programa de la ONU denominado "Mecanismo de Tránsito de Emergencia", más de 3.000 personas procedentes de centros de detención libios que se dirigían a Europa han sido trasladadas a Níger.

En 2019 se puso en marcha un plan similar que enviaba a los solicitantes de asilo de Libia a Ruanda.

Los críticos han acusado a la UE de intentar frenar el número de refugiados que llegan a sus costas externalizando la crisis a las naciones africanas pobres.

Los solicitantes de asilo en Ruanda han informado de que sus vidas son mejores que en los centros de detención de Libia, pero no quieren quedarse en Ruanda y en última instancia desean reasentarse en Europa.

A pesar de sus críticas a Gran Bretaña, las Naciones Unidas dicen que el acuerdo es razonable porque protege a los migrantes de la tortura, la violencia sexual y la detención indefinida en Libia.

Dinamarca

Dinamarca, que ha introducido políticas de inmigración cada vez más duras en la última década, aprobó en 2021 una ley que permite trasladar a los refugiados a centros de asilo en un tercer país para que se tramiten las solicitudes. Actualmente está en conversaciones con Ruanda.

Los grupos de refugiados dijeron que la nueva ley era irresponsable y mostraba una falta de solidaridad con las personas necesitadas, y la medida también fue criticada por las Naciones Unidas y la Comisión Europea.

Funcionarios del gobierno danés han declarado que un acuerdo con Ruanda "garantizaría un enfoque más digno que la red criminal de traficantes de personas que caracteriza la migración a través del Mediterráneo en la actualidad".

La Comisión Europea ha declarado que la reubicación de los refugiados fuera de Europa "no es posible" según las normas actuales de la UE, pero Dinamarca está exenta de algunas normas de la UE, incluidas las de asilo, debido a una cláusula de exclusión.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.

 

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