Las autoridades tunecinas están llevando a cabo el encarcelamiento a gran escala de sus ciudadanos en detenciones secretas utilizando las leyes del estado de emergencia, reveló ayer Human Rights Watch (HRW).
Aunque el uso de "residencias asignadas", como se denominan las medidas para disimular, se ha utilizado durante años en el país, su práctica se ha intensificado desde que el presidente Kais Saied asumió para sí los poderes ejecutivos en julio de 2021.
"Las residencias asignadas ya eran habituales bajo el anterior presidente Beji Caid Essebsi. Pero los abusos en el marco de esta medida extrajudicial han aumentado desde que el presidente Kais Saied se otorgó a sí mismo poderes extraordinarios", señaló el grupo de derechos en un comunicado.
Destacando el caso de un ex empleado del Ministerio del Interior, Fathi Beld, y del ex ministro de Justicia, Noureddine Bhiri, que fueron detenidos el 31 de enero cerca de sus domicilios, HRW instó a las autoridades a poner fin "inmediatamente" a las detenciones arbitrarias "o a utilizar la vía legal, totalmente transparente, para permitir una impugnación judicial".
El 2 de enero, Bhiri fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad septentrional de Bizerte, tras el deterioro de su estado de salud a raíz de su huelga de hambre, una protesta contra la detención. Las autoridades tunecinas afirman que estaba bajo arresto domiciliario por sospechas de problemas de seguridad y corrupción.
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Según su esposa, que también es vicepresidenta del Movimiento Ennahda de Túnez, antes de ser trasladado al hospital lo mantuvieron en un edificio "abandonado" y "casi vacío" en la gobernación de Bizerta.
"No revelar el lugar de detención de una persona es un paso alarmante hacia un estado sin ley y no se justifica de ninguna manera por el estado de emergencia que se ha extendido repetidamente desde 2015", dijo Salsabil Chellali, director de la oficina de Túnez de Human Rights Watch.
Las autoridades tunecinas han incrementado las medidas represivas contra varios críticos del presidente, que comenzó un mandato presidencial de cinco años en 2019. Han impuesto arbitrariamente docenas de residencias asignadas, hasta ahora en casas o en áreas predefinidas.
Sin embargo, advirtió HRW, en estos casos, la residencia asignada se ha convertido en una detención administrativa en lugares no identificados.
"Las medidas excepcionales concedidas por el decreto de emergencia se están utilizando de forma abusiva y sin supervisión judicial, haciendo surgir el fantasma de las detenciones secretas", añadió Chellali.
"Estas violaciones socavan la autoridad del sistema judicial y erosionan aún más los principios del Estado de derecho".
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