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Presidente de Túnez: lanzaremos un "diálogo nacional" diferente a experiencias anteriores

Manifestantes se reúnen para protestar contra el presidente tunecino Kais Saied en Túnez, Túnez, el 10 de octubre de 2021 [Nacer Talel/Anadolu Agency].

El presidente tunecino, Kais Saied, afirmó el jueves que se pondrá en marcha un "diálogo nacional" en el que participarán los jóvenes y en el que se abordarán temas como los "sistemas político y electoral" del país.

Esto se produjo en una reunión de gabinete supervisada por Saied en el Palacio de Cartago, según un comunicado de la presidencia tunecina.

En la apertura de los trabajos del consejo, Saied subrayó "la presencia de una voluntad política de impartir la eficacia necesaria a la labor del gobierno para dedicarse a abordar las condiciones económicas, financieras y sociales de Túnez".

Según el comunicado, el Presidente de la República indicó que "se pondrá en marcha un diálogo nacional sincero y honesto, en el que participarán los jóvenes de todo el territorio tunecino y que será completamente diferente a las experiencias anteriores".

Añadió que "el diálogo abordará varios temas, entre ellos los sistemas político y electoral en Túnez".

Saied explicó que el diálogo "se desarrollará dentro de un marco temporal acordado, y dentro de nuevos mecanismos, fórmulas y percepciones que lleven a desarrollar propuestas de síntesis en el marco de una conferencia nacional."

El presidente tunecino subrayó que el diálogo "no incluirá a nadie que haya robado el dinero del pueblo o trabajado para los intereses de otros países".

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Túnez atraviesa una grave crisis política, ya que Saied comenzó a tomar decisiones "excepcionales", entre ellas congelar las competencias del Parlamento, levantar la inmunidad de sus diputados, suprimir el órgano de control de la constitucionalidad, legislar mediante decretos presidenciales, dirigir la fiscalía y destituir al primer ministro, siempre que asuma el poder ejecutivo asistido por un gobierno cuyo presidente ha nombrado.

Cabe destacar que en 2013 se celebró un diálogo nacional en Túnez, tras una aguda crisis política y el asesinato de los líderes del Frente Popular de izquierda, que puso fin al gobierno de la "troika" (una coalición entre el movimiento islámico Ennahda y dos partidos laicos) y al establecimiento de un gobierno "tecnócrata" encabezado por Mehdi Jomaa en 2014.

Según el comunicado, Saied recordó que "por mucho que Túnez esté dispuesto a seguir reforzando las relaciones de cooperación con los países hermanos y amigos, por mucho que se adhiera a su soberanía nacional y al respeto de las elecciones del pueblo tunecino."

Una vez más, "expresó su rechazo a todo intento de injerencia u ofensa en los asuntos internos de Túnez".

La declaración se produjo horas después de que el Parlamento Europeo votara a favor de una resolución que pide "el pleno retorno a la democracia en Túnez, y la reanudación de los trabajos del Parlamento lo antes posible".

El 9 de octubre, el Sindicato del Cuerpo Diplomático de Túnez (que incluye a los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores) acusó al ex presidente tunecino, Moncef Marzouki (2012-2014), de incitar a las autoridades estatales extranjeras a tomar medidas punitivas contra su país, lo que Marzouki negó y consideró una "mentira".

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La mayoría de las fuerzas políticas de Túnez rechazan las decisiones excepcionales de Saied y las consideran un "golpe contra la Constitución", mientras que otras fuerzas las apoyan como una "corrección del rumbo de la revolución de 2011", ante la crisis política, económica y sanitaria (la pandemia del Coronavirus), la misma que derrocó al régimen del fallecido presidente Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).

Los críticos afirman que las decisiones de Saied reforzaron los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretendía transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.

En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas adoptadas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente", según su valoración.

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