La toma de una extensión de tierra palestina en la Cisjordania ocupada por parte de colonos israelíes ha provocado la rara intervención del Tribunal Superior de Justicia en un caso que pone al descubierto uno de los medios por los que se ha llevado a cabo el robo de tierras y la limpieza étnica en Palestina.
Las tierras en cuestión son más de 1.000 dunams (unos 247 acres) en el norte del valle del Jordán. Según los detalles del caso revelados por Haaretz, la tierra ha sido designada como zona militar cerrada desde 1969, lo que ha impedido a sus propietarios palestinos entrar en ella durante más de 50 años. Durante este tiempo, sin embargo, se permitió a los colonos comenzar a trabajarla, incluyendo una empresa de cultivo de dátiles llamada Zorganika.
Desde 2018, los legítimos propietarios palestinos de la tierra están esperando la ejecución de una orden judicial para que se anule la zona militar y se desaloje a los colonos ilegales. El tribunal israelí emitió la orden a raíz de una petición de 20 propietarios de tierras palestinos.
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El Estado tiene ahora 60 días para responder, tras lo cual se celebrará otra vista y el tribunal emitirá su veredicto.
Al parecer, los colonos han trabajado la tierra durante muchos años con el conocimiento del ejército, que les permitió entrar. Los organismos gubernamentales habrían dado su visto bueno a pesar de que el terreno es propiedad privada de los palestinos, pero está siendo trabajado por israelíes, aparentemente bajo los auspicios de una orden de cierre emitida por razones de seguridad.
El abogado de los peticionarios, Wissam George Asmar, tachó de "infundadas" las justificaciones de seguridad para mantener a los palestinos fuera. Argumentó que el terreno está junto al río, que es la frontera con Jordania, e Israel tiene un tratado de paz con el reino y, en segundo lugar, que los colonos están utilizando en todo caso trabajadores palestinos en el terreno.
Asmar también dijo que los colonos y la Organización Sionista Mundial, que inicialmente asignó las tierras robadas, "trabajaron a espaldas del Estado" para llevar a cabo una "transacción claramente ilegal".
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