Egipto ha ejecutado a 16 personas en una semana en la ciudad septentrional de Alejandría, mientras sigue aplicando la pena de muerte a un ritmo alarmante.
El domingo, ocho hombres y una mujer fueron ahorcados en la Prisión de Apelación de El Cairo, que alberga a presos condenados a muerte.
El lunes anterior, las autoridades penitenciarias de la prisión Borg Al-Arab de Alejandría ejecutaron a siete personas.
Las ejecuciones se produjeron tras una sentencia de junio que provocó la indignación internacional cuando el máximo tribunal de apelación de Egipto confirmó la condena a muerte de 12 miembros de los Hermanos Musulmanes, entre los que se encontraban altos dirigentes.
Se les acusaba de cargos como la violencia contra la policía durante la violenta dispersión de la sentada de Rabaa Al-Adawiya.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, tenía 14 días a partir de la sentencia para emitir un indulto presidencial, la última oportunidad de salvarlos ya que las sentencias del Tribunal de Casación son definitivas y no pueden ser apeladas.
Sin embargo, el plazo para ello pasó ayer.
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Human Rights Watch pidió a Egipto que "detenga inmediatamente cualquier otra ejecución, en particular de los condenados en juicios manifiestamente injustos."
"Para avanzar, Egipto debe abordar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo Rabaa y los asesinatos masivos de manifestantes".
La era Sisi - Caricatura [Carlos Latuff/MiddleEastMonitor]
Egipto es ahora el tercer país del mundo con más ejecuciones, con 53 personas ejecutadas sólo en octubre.
Entre 2018 y 2020 Egipto llevó a cabo al menos 241 ejecuciones, 152 de ellas solo en 2020.
Nueve organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro Belady para los Derechos y las Libertades y el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, han exigido una moratoria de la pena capital en Egipto.
"En juicios masivos por motivos políticos y sin ninguna garantía de proceso, el Tribunal Penal, seguido por el Tribunal de Casación, dictó sentencias de muerte, cadena perpetua y largas penas de prisión contra los acusados", afirma el comunicado.
"El descarado desprecio del poder judicial por la justicia y el Estado de derecho declara claramente el objetivo del gobierno egipcio de afianzar una política de impunidad, desafiando las recomendaciones de la comisión de investigación y el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre la necesidad de una verdadera rendición de cuentas y reparación".
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