En otro signo de la ansiedad dentro de la administración Biden sobre las consecuencias del informe de inteligencia de la semana pasada que culpó al príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman por el espantoso asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el Departamento de Estado de EE.UU. se ha negado a decir si Bin Salman es uno de los funcionarios saudíes sujetos a restricciones de visado en EE.UU.

La restricción de visados, denominada "prohibición Khashoggi", se introdujo el viernes tras la publicación del tan esperado informe desclasificado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI). Al anunciar la nueva política de restricción de visados inmediatamente después de la publicación del informe de la ODNI, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo que la prohibición se aplicaría "a las personas que, actuando en nombre de un gobierno extranjero, se cree que han participado directamente en actividades graves y extraterritoriales contra los disidentes". En total se vetó a 76 personas de Arabia Saudí.

Sin embargo, a pesar de considerar al príncipe heredero, conocido popularmente como MbS, responsable del asesinato de Khashoggi, Estados Unidos se ha negado a decir si el gobernante de facto del reino está incluido en la lista o si el hombre de 35 años será sancionado en absoluto.

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"No estamos en condiciones de detallar la identidad de los incluidos en esa lista de 76, ni podremos adelantar la de los que puedan añadirse en el futuro", dijo ayer el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Cuando se le preguntó si MbS está en la lista, añadió: "No estoy incluyendo o excluyendo a nadie específicamente en esa lista. Dicho esto, ciertamente no tengo conocimiento de ningún plan para que el príncipe heredero viaje a Estados Unidos a corto plazo". Price expuso lo que se describió como una "recalibración" de las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, que subrayó, "no era una ruptura".

La administración Biden se ha mostrado reacia a sancionar a MbS. Considera que el coste diplomático es demasiado alto. La decisión ha provocado el enfado de los grupos de defensa de los derechos, que esperaban una postura más firme en materia de derechos humanos por parte del nuevo presidente, sobre todo porque fue el propio Biden quien calificó a Arabia Saudí de Estado "paria" sin "ningún valor social que lo redima".