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Sanciones de EEUU a la CPI: A propósito de la respuesta colectiva de 67 Estados

Edificio de la Corte Penal Internacional, en La Haya el 23 de diciembre de 2019 [Wikipedia]

El pasado 11 de junio, el mundo observó atónito un gesto nunca visto en la historia del derecho internacional: Estados Unidos anunció oficialmente las diversas sanciones tomadas contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) (véase asl respecto nuestra  breve nota  al respecto titulada “A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)“).

El pasado 23 de junio, fueron 67 Estados Partes al Estatuto de Roma los que decidieron elevar el tono, difundiendo un comunicado conjunto en el que rechazan estas insólitas sanciones norteamericanas unilaterales contra la justicia penal internacional.

La iniciativa de esta respuesta colectiva, pocamente divulgada, recayó en Costa Rica y en Suiza.

El texto del comunicado conjunto en breve

El comunicado suscrito (véase texto completo reproducido al final de esta nota) precisa que:

“Como Estados miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la Corte como una institución judicial independiente e imparcial. En consonancia con el comunicado de prensa del 11 de junio del Presidente de la Asamblea de los Estados Partes; reiteramos nuestro compromiso de mantener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin que se vea afectada por ninguna medida o amenaza contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella.”

LEER: A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional

También se señala en este llamado conjunto por parte de sus firmantes que:

Seguimos comprometidos con un orden internacional basado en reglas. La Corte Penal Internacional es parte integrante de ese orden y una institución central en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la justicia, que son componentes esenciales de la paz, la seguridad y la reconciliación sostenibles. Por lo tanto, seguiremos respetando nuestras obligaciones de cooperación en virtud del Estatuto de Roma y exhortamos a todos los Estados a que garanticen la plena cooperación con la Corte para que ésta cumpla su importante mandato de garantizar la justicia a las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional”.

El Presidente de los EE.UU. Donald Trump (I) y el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el 27 de enero de 2020 en Washington, DC [Kobi Gideon/GPO/Anadolu Agency]

Es de señalar que, por alguna razón que no deja de extrañar, el texto en español de dicho comunicado no ha sido editado en algún sitio oficial de algún Estado de habla hispana, razón por la que nos limitamos a reproducir las versiones oficiales en inglés y en francés divulgadas por los aparatos diplomáticos de otros Estados.

Si bien, a diferencia del título, el texto como tal no menciona expresamente a Estados Unidos, reafirma de manera inequívoca el apoyo de estos 67 Estados que lo suscriben a la justicia penal internacional, intentando así responder a la inédita decisión norteamericana anunciada el pasado 11 de junio.

Algunos detalles breves sobre los firmantes

Los Estados Miembros del Estatuto de Roma suman un total de 123 Estados Partes (según el  registro oficial  del depositario del Estatuto de Roma, que recae en la Secretaría General de Naciones Unidas).

El listado de los 67 Estados, que antecede el texto del comunicado conjunto divulgado este 23 de junio desde La Haya, permite identificar claramente a Estados Partes al Estatuto de Roma que por alguna razón, optaron por no apoyar la iniciativa que presentaron Costa Rica y Suiza, suscribiendo el texto.

La ausencia de sus firmas obedece posiblemente a fuertes presiones diplomáticas ejercidas por Estados Unidos. En el caso de América Latina, no aparecen El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá ni Paraguay. En el caso de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), Hungría y Polonia tampoco consideraron oportuno firmar el comunicado, al igual que Corea del Sur y Japón en Asia.

En su red personal de  Twitter , el presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, agradeció a Costa Rica y a Suiza por haber iniciado esta respuesta colectiva.

El hecho que Costa Rica haya sido uno de los que tomó la iniciativa no hace sino reafirmar su tradicional vocación de apego a la justicia y de defensa del derecho internacional.

En el caso específico de la CPI, cabe recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un “Acuerdo Bilateral de Inmumidad” (o ABI) en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos para evitar que su peronal militar o civil pudiese ser entregado a la justicia penal internacional (véase  listado de los ABIs suscritos por Estados Unidos). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase  cable 1 ,  cable 2  y  cable 3 ) dados a conocer por Wikileaks. En el segundo de estos cables, se puede leer que: “After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her“.

En esta publicación del 2012 de la Universidad para la Paz (véase  texto completo ), el ex Canciller de Costa Rica Bruno Stagno Ugarte, en su artículo titulado “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008” desmenuza el impacto de las sanciones a las que fue finalmente sometida Costa Rica por mantenerse fiel a los principios sobre los que se fundamenta la CPI (artículo en pp. 304-331).

LEER: El israelí Netanyahu aclama las sanciones de EE.UU. a la CPI

A modo de conclusión

Volviendo a las sanciones contra el personal de la CPI anunciadas en este mes de junio del 2020, tal y como lo indicábamos en la conclusión de nuestra  nota anterior : “No cabe duda que esta decisión norteamericana no cuenta con ningún precedente en la historia del derecho internacional.

Responder a una insólita decisión unilateral (saludada y celebrada por un solo Estado, Israel) mediante una contraofensiva diplomática colectiva resulta ser un gesto también inédito: desde esta perspectiva, el comunicado conjunto suscrito por estos 67 Estados Partes al Estatuto de Roma puede considerarse como una verdadera “première” en la historia de la justicia penal internacional.

 

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.

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Texto integral del comunicado conjunto en  inglés  así como en su versión en  francés , tal como circulado por la Misión de Francia ante Naciones Unidas:

Statement in support of the International Criminal Court (ICC) following the release of the US Executive Order of 11 June 2020

endorsed by Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gambia, Germany, Greece, Guyana, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Peru, Portugal, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, State of Palestine, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Kingdom, Uruguay and Venezuela.

23 June 2020

As States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), we reconfirm our unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution. In line with the 11 June press release of the President of the Assembly of States Parties, we reiterate our commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute and to preserve its integrity undeterred by any measures or threats against the Court, its officials and those cooperating with it.

We remain committed to an international rules-based order. The ICC is an integral part of this order and a central institution in the fight against impunity and the pursuit of justice, which are essential components of sustainable peace, security and reconciliation. We will therefore continue to respect our cooperation obligations under the Rome Statute and we call on all States to ensure full cooperation with the Court for it to carry out its important mandate of ensuring justice for the victims of the most serious crimes of international concern.

We recall that the ICC is a court of last resort, which anchors a system of justice for serious international crimes rooted in national courts. National authorities have the primary responsibility to investigate and prosecute Rome Statute crimes. The ICC only steps in when States are unwilling or unable to genuinely carry out national proceedings.

The ICC, as the world’s first and only permanent international criminal court, is an essential component of the multilateral architecture upholding the rule-of-law. It embodies our collective commitment to fight impunity for international crimes. By giving our full support to the ICC and promoting its universal reach, we defend the progress we have made together towards an international rules-based order, of which international justice is an indispensable pillar.”

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Déclaration en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la publication du décret américain du 11 juin 2020

Les États mentionnés ci-après ont approuvé cette déclaration en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la publication du décret américain du 11 juin 2020 : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, État de Palestine, Fidji, Finlande, France, Gambie, Grèce, Guyana, Irlande, Islande, Italie, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Mexique, Namibie, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République démocratique du Congo, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint Marin, Saint Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay et Venezuela.

En tant qu’États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale. Conformément au communiqué de presse du 11 juin du Président de l’Assemblée des États parties, nous réitérons notre engagement à soutenir et défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité sans se laisser décourager par des mesures ou des menaces à l’encontre de la Cour, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle.

Nous demeurons engagés pour un ordre international fondé sur des règles. La CPI fait partie intégrante de cet ordre et est une institution centrale dans la lutte contre l’impunité et la recherche de la justice, qui sont des composantes essentielles d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation durables. Nous continuerons donc à respecter les obligations de coopération qui nous incombent en vertu du Statut de Rome et nous invitons tous les États à coopérer pleinement avec la Cour pour qu’elle puisse s’acquitter de son important mandat, qui est de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale.

Nous rappelons que la CPI est une juridiction de dernier ressort, qui ancre un système de justice pour les crimes internationaux graves dans les tribunaux nationaux. Les autorités nationales conservent la responsabilité primaire d’enquêter sur les crimes du Statut de Rome et d’en poursuivre les auteurs. La CPI n’intervient que lorsque les États ne veulent pas ou ne peuvent pas mener véritablement à bien des procédures nationales.

La CPI, en tant que première et unique Cour pénale internationale permanente au monde, est un élément essentiel de l’architecture multilatérale qui défend l’état de droit. Elle incarne notre engagement collectif à lutter contre l’impunité des crimes internationaux. En apportant notre plein soutien à la CPI et en promouvant sa portée universelle, nous défendons les progrès que nous avons accomplis ensemble vers un ordre international fondé sur des règles, dont la justice internationale est un pilier indispensable.”

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Nicolás Boeglin es profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

Recordando La Masacre De Rabaa

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