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Marruecos: Dos partidos de la oposición rechazan el proyecto de ley de medios sociales

Logotipos de aplicaciones populares de medios sociales el 12 de enero de 2020 [Raşit Aydoğan/Anadolu Agency]

Dos partidos de la oposición marroquí han anunciado su rechazo a un proyecto de ley aprobado por el gobierno que regula el uso de los sitios web de medios sociales en el reino.

Las autoridades han afirmado que el contenido del proyecto de ley que está circulando había sido rechazado previamente por los miembros del gobierno, lo que significa que no es definitivo y que cualquier discusión al respecto sigue siendo prematura.

Las filtraciones de algunos artículos del proyecto de ley, que el gobierno ratificó el 19 de marzo, provocaron la indignación por las duras sanciones que contenía.

El secretario general del Partido de la Autenticidad y la Modernidad de la oposición, Abdellatif Ouahbi, atacó al gobierno de Saadeddine Othmani, acusándolo de aprovecharse: “Las abominables condiciones de salud causadas por el coronavirus para pasar por una escandalosa regresión de los derechos humanos”.

“Como partido nacional modernista, el Partido de la Autenticidad y la Modernidad rechaza plenamente y denuncia enérgicamente todo lo que pueda perjudicar las conquistas de derechos y libertades que el país ha logrado durante décadas”, anunció Ouahbi en una declaración publicada en el sitio web de su partido el martes.

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Consideró que presentar el proyecto de ley en este momento sería: “Afectar y perturbar la unidad y la movilización nacional, en medio de las circunstancias excepcionales que el país está presenciando frente a la pandemia de coronavirus”.

El secretario general del opositor Partido del Progreso y el Socialismo, Nabil Benabdallah, afirmó que la filtración del proyecto de ley que regula el uso de los sitios web de medios sociales: “es irresponsable, dadas las condiciones actuales que requieren cohesión, unidad nacional y una amplia movilización con el objetivo de luchar contra el coronavirus”.

Benabdallah subrayó que su partido: “Rechazará enérgicamente el proyecto de ley que regula el uso de los sitios web de medios sociales, en caso de que resulte que el texto filtrado es el texto definitivo, al tiempo que hará esfuerzos para revisar los artículos, sobre todo porque no se ajustan al espacio de las libertades que buscan los ciudadanos”.

Comentando la controversia generalizada, Mustafa Ramid, ministro de Estado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento, anunció en Facebook que el contenido que estaba circulando había sido previamente rechazado por algunos miembros del gobierno.

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“El informe emitido por el Consejo de Gobierno, tras la celebración de la reunión, en la que se debatió un proyecto de ley sobre el uso de los medios de comunicación social el 19 de marzo de 2020, indicaba que el Consejo aprobó el proyecto siempre que fuera revisado, a la luz de las observaciones de los ministros, por un comité técnico y luego por un comité ministerial”, indicó Ramid.

Añadió que “Esto significa que la versión final del proyecto es la versión que se presentaría al Parlamento, y es la versión que puede ser discutida y aceptada o rechazada”.

Ramid también señaló que: “El contenido que se está distribuyendo actualmente había sido rechazado anteriormente por algunos miembros del gobierno, y por lo tanto sigue siendo provisional, y cualquier discusión de artículos específicos sigue siendo prematura”.

Según las filtraciones que han suscitado una amplia controversia en el reino, el artículo 14 del proyecto de ley establece que quien llame deliberadamente a boicotear algunos productos, bienes o servicios, o lo incite públicamente, a través de los medios de comunicación social o de las redes de difusión abierta, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de entre 530 y 5.300 dólares, o sólo con una de estas dos penas.

El proyecto de ley filtrado también estipula que quien comparta contenidos en línea que incluyan noticias falsas que pongan en duda la calidad y la seguridad de algunos productos y bienes y los presenten como una amenaza y un peligro para la salud pública y la seguridad del medio ambiente, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de alrededor de 213 a 2.130 dólares.

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