El martes, el ex ministro del Interior de Túnez, Abdallah Kallel, compareció ante el tribunal de justicia de transición tunecino, que se especializa en investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del ex presidente Zine El Abidine Ben Ali y sus predecesores.
Abdallah Kallel, el ministro del interior bajo el mandato de Ben Ali, está siendo juzgado por el caso de Kamel Matmati, torturado hasta la muerte.
Matmati, un activista político islámico en el Movimiento Ennahda, fue arrestado el 7 de octubre de 1991 en la gobernación del sur de Gabès. Su familia lo considera víctima de desaparición forzada, y no han podido recuperar sus restos.
El poder judicial especializado en Túnez ha trabajado durante el último año en un marco proporcionado por la Comisión de la Verdad y la Dignidad, a la que se le encomendó investigar las violaciones de los derechos humanos en Túnez entre 1955 y 2013.
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El representante de la Organización Mundial Contra la Tortura, Ossama Bouajila, le dijo a la Agencia France-Presse (AFP) que Abdallah Kallel fue llevado ante el tribunal de Gabès, explicando que "mantuvo su declaración de que no era responsable en ese momento de la desaparición de Matmati".
Bouajila confirmó que "Kallel se disculpó con la familia de Matmati".
Kallel había sido llevado ante audiencias judiciales sobre justicia de transición anteriormente, en 2018.
Bouajila pidió más "trabajo para superar la falta de capacidad de respuesta de los servicios de seguridad a las solicitudes del Tribunal" para reunir a los principales sospechosos por diversas cuestiones relacionadas con la justicia de transición en Túnez.
La Comisión de la Verdad y la Dignidad completó su trabajo a finales de 2018 y presentó 173 expedientes ante 13 tribunales especializados de justicia de transición para investigar los casos de 541 víctimas y 687 acusados, según estadísticas elaboradas por organizaciones de derechos humanos, incluida la organización de Abogados sin Fronteras.
Hasta la fecha, el poder judicial especializado ha investigado 38 casos en 108 sesiones, mientras que las personas acusadas asistieron sólo a nueve sesiones.
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