Egipto ha anunciado que eliminará su controvertida ley de ONG de 2017 que impone sanciones penales y otorga a los servicios de seguridad un control estricto sobre las actividades de los grupos no gubernamentales, dijo Human Rights Watch.
El grupo de derechos dijo el viernes que el gobierno presentará al parlamento un nuevo proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales.
El proyecto de ley elimina las sanciones penales y limita la supervisión de estos grupos a una sola autoridad gubernamental, también a diferencia de la revisión de múltiples autoridades de la ley anterior, según HRW.
El nuevo borrador aún no ha sido publicado; el parlamento de Egipto deberá aprobar el borrador y el presidente debe firmarlo antes de que se convierta en ley.
Sin embargo, HRW dice que la eliminación de la ley de 2017 es un buen primer paso.
"Revocar la draconiana ley de las ONG de 2017 de Egipto, que podría haber terminado con cualquier existencia significativa para los grupos no gubernamentales en el país, y reemplazarla con una ley que elimine todas las penas de prisión para los grupos no gubernamentales y su personal sería una medida positiva", dijo Sarah Lee Whitson, directora de HRW en Oriente Medio y Norte de África.
"El gobierno debe publicar rápidamente este borrador para que la sociedad civil, que se verá más afectada por la ley, tenga la oportunidad de revisar y comentar su contenido", agregó.
Ratificada en mayo de 2017 por el presidente Abdel Fattah al-Sisi, la ley fue descrita como la "peor de la historia" en medio de una creciente represión contra la sociedad civil egipcia.
Desde que Sisi tomó el poder en 2014, los grupos de derechos han acusado con regularidad a su gobierno de violaciones a los derechos humanos y represión de los disidentes.
La Ley 70 de 2017 para regular el trabajo de las asociaciones y otras instituciones que trabajan en el campo del trabajo civil otorga a los servicios de inteligencia y seguridad de Egipto un control estricto sobre las actividades de las ONG, especialmente de grupos que reciben financiación extranjera.
Aquellos que violen la ley pueden recibir hasta cinco años de cárcel y multas de un millón de libras egipcias (más de 55.000 dólares).
La ley de 2017 ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las Naciones Unidas y de los organismos de control internacionales, incluido HRW.
La ley otorga al gobierno el poder de decidir quién puede establecer una ONG y con qué propósito, y obliga a los grupos a seguir el "plan de desarrollo del estado", restringiendo severamente el trabajo que pueden hacer en áreas en las que el gobierno no considera una prioridad.
También prohíbe a los grupos nacionales y extranjeros participar en actividades políticas o cualquier cosa que el gobierno decida que puede dañar la seguridad nacional, el orden público, la moral pública o la salud pública; una forma, dicen los grupos de derechos, de suprimir la disidencia.
Las organizaciones benéficas han desempeñado un papel importante durante mucho tiempo en proporcionar comida y ropa así como atención médica y educación en Egipto, donde millones de personas viven con menos de 2 dólares al día.
Vía Arabia.Watch
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