La Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí anunció ayer su rechazo a cualquier injerencia extranjera en el caso de asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
"Arabia Saudí rechaza rotundamente cualquier discurso sobre la internacionalización del caso de Khashoggi", dijo el jefe de la comisión de derechos, Bandar bin Mohammed Al-Aiban, durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la capital suiza de Ginebra.
"Nosotros [Arabia Saudí] hemos tomado las medidas necesarias para que resolver este crimen atroz", subrayó Al-Aiban, y agregó que el reino estaba llevando a los asesinos acusados ante la justicia.
Señaló que la justicia en el reino operaba de acuerdo con el "derecho internacional", enfatizando la "transparencia" del sistema.
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La apertura de una investigación internacional, señaló el funcionario saudí, sería "equivalente a que la comunidad internacional dude de la integridad de nuestro sistema judicial [del reino]".
Las declaraciones de Al-Abian se produjeron después de un informe reciente de los Estados Unidos que afirmaba que el gobierno saudí no había proporcionado una "explicación detallada sobre la dirección de la investigación sobre la muerte de Khashoggi". El miércoles, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su Informe anual de derechos humanos para 2018, en el que supervisó la situación de los derechos humanos en unos 200 países y regiones de todo el mundo.
Khashoggi, un periodista saudí que trabaja para The Washington Post, fue asesinado poco después de ingresar al consulado de Arabia Saudí en la Turquía de Estambul el 2 de octubre. Las autoridades saudíes habían ofrecido versiones cambiantes de su desaparición. Después de dieciocho días de negación e interpretaciones conflictivas, Riad dijo que Khashoggi murió en una pelea, pero finalmente admitió que el asesinato fue premeditado.
Las autoridades más tarde anunciaron que había arrestado a 18 ciudadanos que creían ser cómplices en el caso de asesinato, pero no proporcionaron detalles sobre sus identidades.
La semana pasada, tres docenas de países occidentales, incluidos los 28 miembros de la Unión Europea, pidieron a Arabia Saudí que coopere con la investigación dirigida por la ONU sobre el caso del asesinato.
Mientras Riad se abstiene de proporcionar información sobre el asesinato, los políticos creen que Turquía debe continuar presionando para que interfiera la comunidad internacional y transferir el caso a la Corte Penal Internacional.
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