Un alto funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a pedirle a Israel que responda por las violaciones del derecho internacional en la Franja de Gaza ocupada.
Michael Lynk, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, hizo las declaraciones ayer en respuesta a la publicación de un informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre las protestas del Gran Retorno de marzo.
"La investigación encontró motivos razonables para creer que, en todas menos dos de las 189 muertes investigadas, el uso de municiones por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes fue ilegal", declaró Lynk.
"En consecuencia, apoyo el llamamiento de la Comisión para la rendición de cuentas con respecto a aquellos que usaron fuego letal ilegalmente, y para aquellos que redactaron y aprobaron las reglas de combate que permitieron este uso ilegal del fuego letal".
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El Relator Especial también señaló que las fuerzas israelíes han continuado desplegando violencia letal contra los manifestantes en 2019 hasta la fecha, con otros cinco niños asesinados en los últimos dos meses.
Según el comunicado de prensa de la ONU, "Lynk reiteró que los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con la aplicación de la ley establecen que las armas de fuego solo pueden usarse contra personas si existe una amenaza inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves".
Agregó que, en el contexto de una ocupación, los asesinatos en la cerca de Gaza como resultado del uso ilegal de la fuerza bien podrían constituir asesinatos voluntarios de la población protegida, lo que constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y, posiblemente, un crimen de guerra, bajo el Estatuto de Roma.
"Debemos garantizar la responsabilidad legal y acabar con la impunidad por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes palestinos en gran parte pacíficos, y la consiguiente arbitraria privación de la vida", dijo el Relator Especial.
"Esta es una grave violación de su derecho a la vida y deroga sus libertades garantizadas de expresión, reunión pacífica y asociación".
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