Las denuncias de torturas y abusos contra mujeres activistas en las cárceles de Arabia Saudí están siendo objeto de una investigación a alto nivel en el Reino Unido. El Panel de Revisión de Detenciones (DRP), un grupo de defensa de los derechos civiles en el que participan distintos partidos parlamentarios británicos y abogados internacionales, ha comenzado a desarrollar una investigación sobre la detención y el tratamiento de mujeres activistas detenidas en Arabia Saudí a principios de este año y está intentando conseguir la cooperación de Riad para investigar los informes que denuncian abusos y violaciones de los derechos humanos en las prisiones del reino.
Hasta ahora, Riad no se ha mostrado dispuesto a cooperar con esta investigación. El 2 de enero, el DRP envió una carta a la embajada de Arabia Saudí en Reino Unido solicitando visitar en prisión a las mujeres detenidas para verificar sus condiciones de detención y salud. Pero, según los miembros de este grupo han denunciado hoy en una rueda de prensa en Londres, Riad no ha respondido a esta misiva, que ponía como fecha límite el 9 de enero.
El DRP es un grupo que se creó en 2018 y en cuyo primer informe reflejó datos sobre la detención y el trato brindados al ex presidente egipcio Mohamed Morsi, ahora en prisión. Respecto a la cuestión de los abusos contra estas mujeres presas, ha explicado que los resultados de su investigación se concluirán a finales de mes.
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En este segundo informe se evaluarán los detalles referentes a diversas denuncias de malos tratos sufridos por ocho activistas saudíes y tres simpatizantes de su causa que actualmente están detenidas en Arabia Saudí. El grupo ha manifestado su intención de continuar revisando las pruebas que se han presentado hasta el momento, a la vez que se ha mostrado dispuesto a recibir cualesquiera nuevas pruebas o relatos presentados por el gobierno saudí frente a estas acusaciones incluso fuera de plazo.
El presidente del DRP, el diputado del partido conservador Crispin Blunt, ha remarcado que esta investigación está "centrada" y "restringida", de forma específica, a investigar los supuestos abusos sufridos por diez activistas de defensa de los Derechos Humanos. Y ha explicado también que, desafortunadamente, el DRP no posee ni los recursos ni el mandato necesarios para poder llevar a cabo una investigación exhaustiva del sistema penitenciario saudí.
Las denuncias que se investigan incluyen cargos de tortura, acoso sexual, agresiones y denegación del acceso a familiares y abogados de los presos. Adam Coogle, investigador de Medio Oriente en Human Rights Watch, ha descrito el calvario sufrido por las y los activistas y ha denunciado que la tortura se estaba utilizando para "enseñarles una lección" y para "humillarlos".
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Este grupo de activistas fue arrestado en mayo de 2018, solo unas semanas antes de que las autoridades saudíes levantaran la prohibición de conducir a las mujeres. Hay entre los mismos hombres y mujeres conocidos por ser destacados activistas en la defensa de los derechos de las mujeres, y han sido acusados de delitos graves, entre los que se cuenta el de “traición”. Los grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado que su encarcelamiento “parece estar directamente relacionado con su activismo”.
De acuerdo a lo expuesto por la organización internacional Human Rights Watch, en noviembre de 2018 al menos nueve mujeres permanecían detenidas sin presentar cargos contra ellas, ello aunque algunos de los cargos con los que se especula podrían ser encausadas conllevarían penas de prisión de hasta 20 años. Estas nueve mujeres son Loujain Al-Hathloul, Aziza Al-Yousef, Eman Al-Nafjan, Nouf Abdelaziz, Mayaa Al-Zahrani, Hatoon Al-Fassi, Samar Badawi, Nassema Al-Sadah y Amal Al-Harbi.
Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de la oficina para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch, ha revelado que los diez detenidos fueron encarcelados “en aplicación de la ley antiterrorista”. Y ha denunciado que esta ley está siendo utilizada de forma abusiva por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, también conocido como MBS. También ha acusado al gobernante de facto del reino de, literalmente, dirigir un "gobierno de estilo mafioso", a la vez que recordaba su participación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
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Los horribles detalles de algunos abusos sufridos por estas mujeres activistas en las prisiones de Arabia Saudí se convirtieron el año pasado, particularmente tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en una fuente de gran preocupación. Se debe recordar que este periodista del Washington Post fue brutalmente asesinado en la embajada de Arabia Saudí por un grupo de 15 asesinos saudíes que se cree fueron enviados para tal fin por MBS.
El Reino Unido, que mantiene lucrativos tratados comerciales de armamento con el reino saudí, se ha convertido últimamente en objetivo de algunas campañas. Grupos de defensa de los Derechos Humanos han clamado que Gran Bretaña tiene una responsabilidad especial a la hora de abordar esta cuestión por causa de sus estrechos vínculos con el reino.
Por su parte, el Dr. Paul Williams, diputado laborista que anteriormente trabajó como médico forense en busca de pruebas de tortura y que es miembro del DRP, ha explicado que está ansioso por compartir su experiencia con este grupo. Y ha alentado a Arabia Saudí a cooperar en la investigación de estas acusaciones y a permitir que él y sus colegas puedan ver de primera mano las condiciones bajo las cuales se mantiene presas a los activistas, añadiendo que, “si las acusaciones son "infundadas" como dice Arabia Saudí, entonces no tienen nada que ocultar”. Por lo que ha animado al reino a aprovechar esta oportunidad y refutar las acusaciones, si cree que son falsas, añadiendo que, en todo caso, la investigación será realizada y publicada con o sin la cooperación de Riad.
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Haciéndose eco de las palabras de Williams, Layla Moran, portavoz del Partido Liberal Demócrata para la Educación y primera diputada electa británica de origen palestino, ha explicado que esta investigación será "sensible a las diferencias culturales". Con ello parecía dar a entender que esta investigación no tiene motivaciones políticas ni la intención de entrar a juzgar sobre la naturaleza conservadora del Reino saudí.
Pese a que las denuncias contra Arabia Saudí se consideran ilegales según la ley saudí, Moran ha añadido que tiene la esperanza de que Arabia Saudí cooperará y permitirá que una delegación del DRP visite Riad y se reúna con los prisioneros.
Mientras, Blunt, que apoya la relación de Gran Bretaña con Arabia Saudí e incluso ha llegado a decir que “el Reino Unido debería extender una alfombra roja para recibir a MBS”, ha informado a los medios de comunicación de que ha escrito dos veces a la embajada de Arabia Saudí solicitando su cooperación pues, según él, “es lo más sabio que se podía hacer”. También ha revelado que el Reino Unido, especialmente tras el asesinato de Khashoggi, está revisando todos los aspectos de su relación con Riad. Pero no ha ofrecido pistas sobre la cuestión de si Gran Bretaña podría suspender las ventas de armamento al reino en el caso de que las investigaciones sobre la muerte de Khashoggi y el propio informe del DRP consideren a MBS responsable de graves abusos contra los derechos humanos.
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Blunt ha indicado también que el rey Salman ha realizado algunos cambios en el gabinete saudí tras la aguda crisis que sacudió a Riad tras la muerte de Khashoggi. Y ha descrito estos cambios como “pasos positivos”, incidiendo en que una posible cooperación con la investigación del DRP podría ser “una clara señal de que las cosas están cambiando dentro del reino”.
Está previsto que el grupo DRP continuará preparando este informe con sus investigaciones sobre estos supuestos abusos de los derechos humanos en Arabia Saudí con vistas a publicarlo a finales de este mes. Al mismo tiempo, siguen insistiendo en que agradecen toda la colaboración y todas las evidencias que sean de interés para la elaboración del mismo.
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