El gobierno somalí ha ordenado al enviado de la ONU de más alto rango en el país que abandone sus territorios, tras acusarle de interferir con la soberanía nacional. La decisión se produce días después de que se expresasen preocupaciones por las prácticas de las fuerzas de seguridad somalíes, que cuentan con el respaldo de la ONU.
En un comunicado publicado el martes por la tarde, el gobierno somalí anunciaba que el Representante Especial para Somalia del Secretario General de la ONU, Nicholas Haysom, “ya no es bienvenido y no puede trabajar en el país”.
“La decisión se produce después de que el enviado de la ONU violase en público el código de conducta que esperamos de los funcionarios de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM),” indicaba el comunicado.
Las Naciones Unidas han respaldado a Somalia en su lucha por recuperarse de los devastadores efectos de la guerra civil de 1991.
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El gobierno somalí tomó la decisión de expulsar al enviado después de que el 30 de diciembre Haysom enviara una carta al Secretariado Somalí de Seguridad Interna, en la que expresaba las preocupaciones de su organización. La carta mencionaba “la supuesta implicación de las fuerzas de seguridad somalíes respaldadas por la ONU en la detención de Mukhtar Robow el 13 de diciembre y el asesinato de 15 civiles, así como la detención de unos 300 manifestantes que participaron en las manifestaciones de los días 13, 14 y 15 de diciembre”.
Robow es un combatiente islamista vinculado a la Liga de la Juventud Somalí, que en las elecciones del mes pasado se presentó sin éxito a la presidencia de una región somalí.
Según el Departamento de Seguridad Interna, Robow ha sido detenido ante la sospecha de que estaba introduciendo combatientes y armas en la ciudad de Baidoa, la capital del Estado Sur-Occidental de Somalia, donde había perdido las elecciones.
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La detención de Robow desencadenó enfrentamientos entre las fuerza somalíes y los milicianos aliados con el islamista.
En su carta, Haysom pedía al ministro que explicase los fundamentos legales de la detención de Robow. También pedía información sobre las medidas prometidas para investigar las circunstancias de la muerte de manifestantes durante las manifestaciones en Baidoa.
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