Según ha informado la web Arab48 com ayer, un grupo de seis organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos han llamado a formular una “dura” respuesta al acoso de las autoridades egipcias contra algunos de sus ciudadanos que se reunieron con la Relatora Especial de la ONU y le ofrecieron diversos detalles sobre su vida diaria.
En un comunicado conjunto, estos grupos de defensa de los DDHH entre los que se incluyen Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado que se ponga en marcha una investigación independiente respecto a las denuncias realizadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha, quien ha expresado sentirse "en shock" por el hecho de que las personas con las que se reunió en Egipto entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre con el objetivo de recopilar informaciones para un informe de la ONU sobre la materia hayan sido a posteriori acosados e intimidados.
Según informa la agencia AFP, de acuerdo a las declaraciones de Farha, varias familias de dos comunidades que visitó sufrieron luego "desalojos forzosos", en el curso de los cuales, tras haber sido expulsados de sus hogares, cuyo mobiliario fue arrojado a la calle, fueron abandonados en esta.
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La Relatora de la ONU ha denunciado también que otras personas con las que se había encontrado fueron interrogadas por la policía y que una de ellas incluso se enfrentó "a un arresto arbitrario y su reclusión en un lugar no revelado".
La agente de Naciones Unidas añadía: "Egipto no ha respetado la garantía que me fue brindada respecto a que ninguna persona sería acosada, intimidada o sometida a ningún tipo de represalia por reunirse conmigo o con mi delegación o proporcionarnos información".
En respuesta a su denuncia, según informa AFP, las autoridades egipcias la acusaron de "fabricar mentiras".
Sin embargo, los grupos de defensa de los DDHH han recordado en su comunicado que el hecho de abstenerse de actuar para responder a estas represalias denunciadas por la Relatora "solo podría servir para alentar la comisión de este tipo de violaciones de los derechos humanos en el futuro, arriesgando y socavando la accesibilidad y credibilidad de los Expertos de la ONU y del sistema de defensa de los derechos humanos en general".
Por ello, la ONU “debería garantizar una respuesta urgente y dura con toda su estructura", han aseverado estas organizaciones. Y han añadido que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU debería revisar "cualquier cooperación en curso" con El Cairo.
Farah y su equipo desarrollaron en Egipto los trabajos del primer Comité Oficial Internacional de Investigación desplegado en el país desde el golpe de estado de 2013 que derrocara al primer presidente democráticamente elegido de Egipto, Mohammed Morsi. Las organizaciones de defensa de los DDHH han denunciado también que a este comité no se le permitió visitar algunas zonas en las que la gente ha sido sometida de forma regular a actos de acoso y desalojos forzados.
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