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HRW pide a Argentina que investigue al príncipe heredero saudí

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman llega a Londres el 7 de marzo de 2018 para reunirse con la primera ministra británica Theresa May [Dan Kitwood/Getty Images].

Human Rights Watch ha pedido a Argentina que utilice su jurisdicción universal en casos de crímenes de guerra, recogida en su constitución, para investigar el papel del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la comisión de posibles crímenes contra la humanidad en la guerra de Yemen y en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

La constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas, lo que quiere decir que los fiscales del país sudamericano pueden investigar estos crímenes independientemente del lugar en el que se hayan cometido.

Human Rights Watch anunció que había interpuesto una denuncia ante el fiscal federal Ariel Lijo, explicando que el motivo de implicar a Argentina en el caso es que el príncipe Mohammed bin Salman va a visitar Buenos Aires esta semana con motivo de la apertura de la cumbre del G-20.

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“Hemos entregado esta información a la fiscalía argentina con la esperanza de que investiguen la complicidad de MbS y su responsabilidad en posibles crímenes de guerra en Yemen, así como en la tortura de civiles, incluido Jamal Khashoggi,” aseguró la directora de HRW para Oriente Medio Sarah Leah Whitson.

Sin embargo, los medios argentinos señalaron –citando fuentes judiciales- que es muy improbable que las autoridades decidan abrir un caso contra el gobernante de facto de Arabia Saudí.

El asesinato de Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico con el príncipe heredero, en el consulado de Riad en Estambul ha asestado un duro golpe a las relaciones de Arabia Saudí con Occidente y a la imagen de Mohammed bin Salman.

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Las potencias occidentales están presionando también para que Riad ponga fin a la campaña militar en Yemen, mientras empeora la situación humanitaria en el país devastado por la guerra civil.

Algunos procesos basados en la jurisdicción universal han tenido éxito en el pasado. En 1998, el juez español Baltasar Garzón fue capaz de ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres.

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