La Fiscalía del Estado ha pedido la pena de muerte para cinco activistas por los derechos humanos procedentes de la provincia oriental del reino. Según Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales, los cinco están siendo juzgados en secreto por un tribunal anti-terrorista.
Entre los detenidos está Israa Al-Ghomgham, la primera mujer que podría enfrentarse a la pena de muerte por su defensa de los derechos humanos. Se la acusa, entre otros cargos, de incitar a la protesta de y de proporcional apoyo moral a alborotadores.
“Cualquier ejecución es espantosa, pero pedir la pena de muerte para activistas como Israa Al-Ghomgham, que no están acusados ni siquiera de ningún comportamiento violento, es monstruoso,” declaró Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Medio, a través de un comunicado publicado el miércoles.
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ALQST, una organización saudí por los derechos humanos con sede en Londres, había sido la primera en informar de la petición de la Fiscalía en el caso de Ghomgham. La oficina de prensa del Gobierno saudí no ha ofrecido de momento ningún comentario al respecto.
Varios activistas saudíes han anunciado que el juico aún no ha terminado y han negado las informaciones que circulan por las redes sociales según las cuales los detenidos ya han sido ejecutados.
Arabia Saudí es una monarquía absoluta en el que las manifestaciones y los partidos políticos están prohibidos. En los últimos años el poderoso príncipe heredero Mohammed Bin Salman ha implementado algunas reformas sociales y económicas.
Éstas, sin embargo, se han visto acompañadas de una mayor represión contra los disidentes. Docenas de clérigos, intelectuales y activistas han sido detenidos durante el último año, entre ellos mujeres que habían reivindicado el derecho a conducir.
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La detención de miembros de la familia real, ministros y empresarios el pasado noviembre, acusados de corrupción, conmocionó al reinó, sorprendiendo a aliados e inversores extranjeros. La mayoría de estos detenidos fueron liberados tras alcanzar pactos de compensación financiera con el Gobierno.
Ghomgham es una destacada activista chií que ha documentado manifestaciones multitudinarias en la provincia oriental del reino desde 2011. En diciembre de 2015 fue detenida en su hogar, junto con su marido.
La mayor parte de la minoría chií del reino vive en la provincia oriental. Algunos denuncian que sus ceremonias religiosas se ven prohibidas u obstaculizadas por las autoridades suníes, y que les faltan oportunidades educativas y laborales. El Gobierno niega este extremo.
Arabia Saudí ya ha ejecutado con anterioridad a activistas chiíes en base a lo que las organizaciones de derechos humanos califican de acusaciones políticas. El reino quiere impedir a toda costa las protestas chiíes al considerar que éstas podrían reforzar a su rival regional, Irán, a quien acusa de estar detrás de las movilizaciones.
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