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Iraq forma un comité permanente para investigar la corrupción en las instituciones

Protesta en Bagdad (Imagen de archivo)

El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, presidió el miércoles la formación de un comité permanente con el fin de investigar la corrupción financiera y administrativa en diferentes ministerios e instituciones de seguridad del país.

Este “comité central permanente de investigación” ha informado en un comunicado emitido hoy que “Al-Abadi ha encargado la formación de este comité para investigar a aquel personal funcionario o empleado en los ministerios y las fuerzas de seguridad acusado de actos de corrupción y extorsión, actos que, obviamente, van contra el interés de la ciudadanía".

El comunicado añade: "Esta investigación llega como respuesta a todas las quejas y abusos denunciados por la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con la existencia de irregularidades, sobornos, cohechos y extorsiones en la administración pública".

El 8 de agosto al-Abadi ya lo remitió a diversos ex - ministros y altos funcionarios ante la comisión de investigación. Esto por sospecharse que estas personas están involucradas en estas “redes de corrupción” y que se han beneficiado de sobornos y comisiones en la firma de algunos contratos para la construcción de edificios escolares.

Leer: Manifestantes iraquíes intentan sin éxito asaltar una instalación de petróleo

Iraq ocupó el año pasado el puesto 169 de entre los 180 países estudiados en el “Índice de corrupción” que publica la organización “Transparency International” (“Transparencia Internacional”).

Esta decisión de Al-Abadi llega hoy mientras se siguen produciendo multitudinarias protestas y manifestaciones en muchas ciudades y pueblos del centro y sur del país. Estas protestas, que ya llevan celebrándose desde hace más de un mes, son especialmente secundadas en las provincias de mayoría chií.

La población que se manifiesta lo hace exigiendo mejoras en los servicios públicos como los servicios de suministro de electricidad y agua, la creación de oportunidades de empleo, un endurecimiento de la lucha contra lo que califican como “una corrupción exacerbada en las estructuras del estado", y otras demandas sociales y civiles.

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