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La República Checa reconsidera transladar su embajada a Jerusalén

Un periódico hebreo ha informado de que la República Checa ha reconsiderado el anuncio de su intención de trasladar su embajada en el estado sionista a la ciudad de Jerusalén.
La República Checa reconsidera transladar su embajada a Jerusalén [aljazeera.net]

Según el diario "Yisraiil Al Yawm" (“Israel Hoy”) la República Checa, socio cercano a Israel en la Unión Europea, ha sido compelida a reconsiderar su intención de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, aunque estudia la posibilidad de trasladar sólo algunos de sus departamentos.

El diario israelí, cercano al gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, atribuye esta marcha atrás a la fuerte presión ejercida en los últimos días por la ministra de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogerinni, y algunos países clave de la Unión Europea, como Alemania y Francia. Esta presión se inscribiría en el marco de unos supuestos intentos de evitar una fractura en la política exterior de la Unión Europea respecto a la causa palestina. La Unión Europea ha afirmado siempre que no reconocerá a Jerusalén como capital de Israel en tanto que no se verifique una solución consensuada sobre el status de esta ciudad entre el Estado Israelí y el Estado Palestino.

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El presidente estadounidense Donald Trump decidió en diciembre de 2017, contra el consenso internacional y diversas resoluciones de la ONU, trasladar la embajada de su país a Jerusalén. Más tarde anunció que este traslado se realizaría el 15 de mayo, fecha controvertida en tanto que Israel celebra el aniversario de su establecimiento como estado, y el pueblo palestino celebra por su parte los setenta años de la Nakba, la “catástrofe".

Se debe recordar que la ONU emitió en 1947 la Resolución 181, por la que se definía la creación de un estado israelí y un estado palestino con fronteras previamente delimitadas. Sin embargo, el estado israelí fue proclamado, pero no así el estado palestino. Tras declararse la guerra entre Israel y una coalición árabe se llegó a un armisticio en 1949 que delimitó más o menos las fronteras actuales (la llamada “línea verde”, no coincidente con las fronteras originales fijadas en 1947) y por el cual los territorios palestinos más allá de la línea verde quedaron bajo administración de Jordania y Egipto. Se debe reseñar que este tratado seguía manteniendo a Jerusalén Este, bajo supervisión internacional, como futura capital del Estado Palestino, si bien el territorio palestino original fue muy recortado.

En 1967 estalló una nueva guerra, la “Guerra de los Seis Días”. Como resultado de la misma, Israel ocupó estos territorios hasta entonces administrados por Egipto y Jordania, los cuales son Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

Hasta ahora, Israel no ha alterado su ocupación militar, aun en contra la legalidad internacional, de estos territorios palestinos que están tras esa línea verde: son los generalmente llamados “Territorios Ocupados” pese a que parte del mundo árabe, cuando habla de tales, se refiere a Palestina de forma íntegra.

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Además sigue construyendo en los mismos territorios asentamientos ilegales, y profundizando su política de presión y apartheid contra la población palestina local a través de múltiples mecanismos, pretendiendo con ello su expulsión, sumándole los numerosos intentos de impedir por todos los medios la proclamación del estado palestino.

Parte fundamental en esta historia es el status de Jerusalén, que fue dividido en 1947. La resolución 181 y otras posteriores establecen que Jerusalén Este será la capital del futuro estado palestino, por eso todos los países del mundo tienen sus embajadas en Tel Aviv, hecho que intenta ahora cambiar la administración de Trump, que apoya así a Israel en su pretensión de que tenga su capital en Jerusalén Oeste.

Sin embargo Israel pretende últimamente alterar esta ecuación, aplicando en la parte ocupada de esta ciudad las mismas políticas que en el resto de los territorios ocupados con idéntico fin, pese a la pacífica y digna resistencia de la población local y a enfrentarse a la legalidad internacional sin ofrecer la menor compensación.

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