El gobierno palestino ha aprobado el martes el proyecto de ley de "delitos cibernéticos". Esta ley se enfrenta a fuertes críticas por parte de las organizaciones y organismos de derechos humanos, que la describen como "un intento de amordazar las bocas y de suprimir la libertad de expresión".
El gobierno, en un comunicado emitido tras la sesión celebrada en Ramallah hoy, ha dicho que esta ley obliga a los servidores proveedores de servicios cibernéticos a ayudar a las autoridades competentes en la detección de delitos cibernéticos, a la vez que delimita el papel de los órganos e instituciones del Estado la aplicación de la misma.
El comunicado señala que la ley permitirá una cooperación entre la Autoridad Nacional Palestina y otros países para una participación conjunta y efectiva en la lucha contra los delitos cibernéticos y las consecuencias derivadas de éstos.
El gobierno palestino reafirma en este comunicado “su compromiso con el mantenimiento de las libertades de acuerdo a las normas y sistemas jurídicos, y el rechazo absoluto de cualquier menoscabo de la libertad de opinión y de expresión, garantizadas ambas por la Ley fundamental palestina”.
El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, emitió la Ley de Delitos Cibernéticos, Nº 16 de 2017, en julio de 2017. Desde entonces la ANP y sus servicios de seguridad han utilizado esta ley contra parte del sector de la prensa y el activismo social que utilizan las redes sociales en base a esta ley.
Por ello diversas instituciones y organismos de la sociedad civil palestina han llamado a abolir esta ley. Ello ha llevado al ministerio de Justicia a proponer diversas enmiendas a la misma; como eliminar los apartados que permiten la imposición de penas de prisión y fuertes multas contra la población que exprese críticas al poder en las redes sociales, y una modificación o eliminación de aquellos apartados que permiten la aplicación de censura en las mismas y que pretenden obligar a los proveedores de servicios a registrar los datos de los usuarios y a bloquear sitios web sin ofrecer garantías adecuadas para que se preserve el derecho a la libertad de expresión y la privacidad.
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La ANP ha ratificado diversas convenciones internacionales referidas a las libertades individuales en 2014. En virtud de las mismas, "las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión salvo que sea imprescindible para la protección de ciertos intereses públicos (tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la salud o la moral públicas) o cuando infrinjan los derechos y las libertades de los demás; pero sin limitar de ninguna forma la crítica pacífica al poder político. Y en caso de tener que recurrir a estas restricciones por causa de fuerza mayor, se debe hacer con exquisita proporcionalidad".
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