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El ‘blanqueamiento’ del genocidio en Birmania

Los rohyngas abandonan Myanmar camino de Bangladesh, el 10 de octubre de 2017. [Stefanie Glinski/Thomson Reuters Foundation]

Aunque el genocidio de la minoría rohinyá de Birmania ha atraído la atención de muchos medios en los últimos meses, nada indica que la comunidad internacional está dispuesta a actuar de forma efectiva, dejando así a cientos de miles de refugiados rohinyá varados en campamentos fronterizos entre Birmania y Bangladesh.

Aunque los altos cargos de las Naciones Unidas han empezado a usar el término ‘genocidio’ para describir los abusos que ha experimentado la minoría rohinyá a manos del ejército, las fuerzas de seguridad y las milicias budistas de Birmania, no se ha puesto en marcha ningún plan de acción para frenar este genocidio.

En menos de seis meses, desde agosto de 2017, se estima que 655.000 refugiados rohinyá han huido o han sido expulsados a través de la frontera entre Birmania y Bangladesh. La mayoría de las ‘operaciones de limpieza’ – el término utilizado por el ejército de Birmania para describir la limpieza étnica de los rohinyá – se produjeron en el Estado de Rakhine.

En un informe reciente, Médicos Sin Fronteras (MSF) publicó el espantoso número de muertes entre los rohinyá durante el primer mes de la campaña genocida.

Según MSF, al menos 9.000 rohinyá fueron asesinados entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre. En esta cifra se incluyen 730 niños menores de 5 años.

En una entrevista con la American National Public Radio (NTR), Eric Schwartz, de Refugee International, describió lo sucedido como “uno de los mayores crímenes de la historia reciente – abusos masivos, desalojos forzados de cientos de miles de personas en cuestión de semanas.”

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Existen numerosos informes sobre violaciones colectivas, asesinatos directos y quemas masivas de aldeas; los rohinyá quedan indefensos frente a estas atrocidades.

Peor aún; recientemente se ha alcanzado un acuerdo entre Birmania y Bangladesh para repatriar a muchos de estos refugiados, sin asegurar establecer garantía sobre su seguridad.

Sin garantías, y con los rohinyá despojados de su estatus legal como ciudadanos o extranjeros legales en Birmania, regresar tan arriesgado como huir.

El plan de repatriar a los refugiados rohinyá sin ningún tipo de protección o de garantía forma parte de una campaña general para ‘blanquear’ los crímenes del gobierno de Birmania y para, una vez más, aplazar la eterna crisis de los rohinyá.

Aunque la crueldad sufrida por los rohinyá se remonta décadas atrás, en 2012 dio comienzo una nueva campaña de limpieza ténica y 100.000 rohinyá fueron expulsados de sus pueblos y ciudades y enviados a campamentos de refugiados improvisados.

En 2013 se expulsó de nuevo a más de 140.000, una tendencia que siguió dándose hasta el pasado agosto, cuando los episodios de limpieza étnica culminaron en un genocidio en toda regla en el que se han visto involucradas todas las ramas de seguridad del gobierno, y que ha sido defendido por todos los oficiales birmanos, incluida Aung San Suu Kyi.

Esta última fue alabada durante décadas por los medios y los gobiernos occidentales como un icono de la democracia y una heroína de los derechos humanos.

Los rohyngas abandonan Myanmar camino de Bangladesh, el 10 de octubre de 2017. [Stefanie Glinski/Thomson Reuters Foundation]

Sin embargo, en cuanto Suu Kyi fue liberada de su arresto domiciliario y se convirtió en la líder de Birmania en 2015, ha tenido una actitud apologista hacia sus antiguos enemigos militares. No sólo se negó a condenar la violencia contra los rohinyá, sino que incluso se niega a utilizar el término ‘rohinyá’ para referirse a esta minoría perseguida a lo largo de la historia.

El apoyo de Suu Kyi a la incansable violencia del ejército le ha supuesto muchas críticas, y desprecio, y con razón. Pero se ha puesto demasiado énfasis en apelar a su sentido moral de justicia, hasta el punto de que ni los líderes asiáticos ni la comunidad internacional han formulado una estrategia para poner fin a los crímenes del ejército y el gobierno birmanos.

En su lugar, se creó un decepcionante “consejo consultivo internacional” para llevar a cabo las recomendaciones de otro consejo asesor dirigido por Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.

Como era de esperar, el consejo consultivo ha demostrado no ser más que un instrumento del gobierno de Birmania para blanquear los crímenes de su ejército. De hecho, esta es la misma conclusión a la que llegó Bill Richardson, ex miembro del gabinete estadounidense y alto diplomático, que hace poco dimitió del consejo.

“La principal razón por la que renuncio es que el consejo consultivo es un blanqueamiento”, contó a Reuters, afirmando que no quería formar parte del “grupo de animadoras del gobierno.”

También acusó a Suu Kyi de carecer de “liderazgo moral.”

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Pero esa designación ya no es suficiente. Suu Kyi debería ser responsabilizada por más que sus fracasos morales. Considerando su posición en el gobierno, debería ser considerada la responsable directa de varios crímenes contra la humanidad, junto con los altos mandos de su seguridad y su ejército.

Phil Robertson, de Human Rights Watch, es una de las voces cantantes entre los muchos grupos humanitarios que exigen al Consejo de Seguridad de la ONU que lleve el caso de Birmania ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Aunque Birmania no es signatario del Tratado de Roma, tal remisión es la única forma de llevar a un Estado que no ratifica ante la CPI.

Esta medida es legalmente defendible y urgente, ya que el gobierno birmano no ha mostrado ningún remordimiento respecto a la terrible violencia que ha infligido a los rohinyá. Robertson también pidió “sanciones selectivas” que, seguramente, llamarán la atención de las élites ricas y poderosas del país que dirigen al ejército y al gobierno.

En los últimos años, Birmania, con la ayuda de EEUU y otras potencias occidentales, ha podido abrir su economía a inversores extranjeros. Miles de millones de dólares estadounidenses de inversiones externas directas ya han sido canalizadas a Birmania, y se espera que entren otros seis mil millones de dólares americanos en el país en 2018.

Eso también es un gran acto de fracaso moral por parte de muchos países de Asia, Occidente y el resto del mundo. Birmania no debería ser recompensado con grandes cifras de inversión extranjera mientras que en sus tierras se asesina, mutila o expulsa a comunidades enteras.

Sin sanciones que afecten al gobierno y al ejército – no al pueblo – combinadas con acciones legales que procesen al gobierno birmano, incluida Suu Kyi, ante la CPI, el genocidio de los rohinyá continuará ininterrumpido.

 

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