Hace unos días, visitó España Yair Lapid, diputado israelí, dirigente del partido de centro-derecha Yesh Atid (centro-derecha, cuando hablamos de política israelí, significa muy de derechas). Se personó Lapid en el Parlamento con el propósito confeso de explicar a los diputados cómo con dinero español se financia, y cito, “ a organizaciones que dan su apoyo al movimiento anti-israelí BDS que apoya el terrorismo y aleja la paz entre israelíes y palestinos”. Se refiere a ONG que trabajan con contrapartes palestinas que dan su apoyo o forman parte del movimiento del BDS.
Las tres letras. BDS. Boicot, desinversión y sanciones. Esas tres letras son una fuerza creciente en el mundo diplomático, como la misma presencia de Lapid aleccionando a los diputados sobre a quién da dinero público el Estado. Israel considera el BDS, con un pelín de sobreactuación, al menos en estos momentos, una “amenaza existencial”. Como tal, el BDS se cuela en la agenda diplomática, gracias sobre todo a la acción de la sociedad civil. Y el BDS tiene muchas virtudes, y algunos inconvenientes, pero una de sus virtudes es que incomoda mucho a los gobiernos, dado que en esencia lo que dice es: “eh, que el rey va desnudo”. O lo que es lo mismo: “Israel vulnera los derechos humanos y vosotros, ¿qué hacéis?” Por supuesto, siempre con Sudáfrica en mente.
Una de las virtudes del BDS es que incomoda mucho a los gobiernos, dado que en esencia lo que dice es: "Eh, que el rey va desnudo". O lo que es lo mismo: "Israel vulnera los derechos humanos, y vosotros, ¿qué hacéis?"
Poco antes de la visita de Lapid, hace unos días, la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados aprobó la iniciativa propuesta por el grupo parlamentario de Unidos Podemos en la que se reconoce de manera específica el derecho a “defender las actividades legales y pacíficas de los activistas de derechos humanos palestinos, israelíes y de otros países, protegidas por la libertad de expresión y reunión, como el derecho a promover las campañas de boicot, desinversión y sanciones”. De esta forma se trabaja para evitar lo sucedido en otros países, como Francia, en los que la defensa del BDS se considera como antisemita. En España, hay varios ayuntamientos que han promovido mociones en favor del BDS, y algunos de ellos están enfrascados en costosos procesos judiciales porque han sido llevados a tribunales por asociaciones proisraelíes. El Ayuntamiento de Barcelona, sin llegar a defender el BDS, es el que ha dado un paso más decisivo de entre los de mayor peso al aprobar una declaración institucional en la que condena “la ocupación israelí y las políticas de colonización de los territorios palestinos” y defiende los derechos humanos y la legalidad internacional como “principios rectores de un modelo de relaciones internacionales que se base en la dignidad de las personas y fomente la justicia global”. Derechos humanos. Legalidad internacional. ¡Cuánta subversión, la de la nueva política!
Nada de esto sería posible sin la labor del movimiento asociativo español, muy rico en organizaciones que trabajan en Palestina desde el mundo de la cooperación y del activismo. El debate de la cooperación en el marco de la ocupación es muy complejo, pero no puede negarse que durante años las ONG españolas han hecho un gran trabajo a la hora de tender puentes con la población palestina y su sociedad civil. En la imagen y el reconocimiento que tiene España en los territorios ocupados, el papel de las ONG sobre el terreno es crucial.
Y ahora, con el BDS, este movimiento asociativo tiene una misión interna dentro de España: a ellos les corresponde gritar que el rey va desnudo y obligar al gobierno (pero no solo) a actuar en consecuencia. La pregunta es sencilla: si se boicoteó a Sudáfrica, ¿por qué no a Israel? Es función de la sociedad civil exigir el BDS, por muy lejos que esté una posibilidad realista de este tipo.
Un rodeo: el 6 de marzo del 2002 Miguel Ángel Moratinos, en calidad de enviado especial de la UE a Oriente Próximo, llegó a la Mukata de Ramala en visita oficial. La Mukata es aún hoy el complejo presidencial de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Entonces, marzo del 2002, Arafat se encontraba aislado y recluido por el Ejército israelí en ese edificio desde hacía semanas. De hecho, hasta su postrero viaje a París para morir, Arafat sólo abandonaría la Mukata una vez, en una infausta visita al destruido campo de refugiados de Jenin. Eran los tiempos de la operación Muro Defensivo, una de las ofensivas militares israelíes de mayor calado político durante la segunda Intifada. Arafat, decía, se encontraba sitiado en la Mukata, rodeado de ruinas y edificios bombardeados y agujereados a tiros. Allí acometía su particular diplomacia mientras poco a poco la Autoridad Nacional Palestina --y con ella los acuerdos de Oslo y el denominado proceso de Madrid-- era vaciada de contenido por la ofensiva militar israelí. Aquel día, 6 de marzo del 2002, Moratinos y su número dos se personaron en la Mukata. Para hacerlo tuvieron que viajar desde Jerusalén Oeste y cruzar al menos dos puestos de control israelíes. Un viaje de este tipo hecho por un diplomático occidental, obviamente, se coordina con las autoridades israelíes. Pues bien, en el preciso momento en que Arafat recibía a Moratinos, helicópteros de combate Apache israelíes bombardearon la Mukata. Los proyectiles impactaron en varios edificios, uno de ellos a escasos 20 metros de donde Arafat y Moratinos estaban reunidos.
De manera voluntaria, en la esfera diplomática, España se ha ido difuminando dentro de la política general de la UE. Comete, pues, el mismo error: la ocupación ha hecho inviable los dos Estados
Sirva la pequeña hazaña bélica de Moratinos tan solo para ejemplificar que las relaciones diplomáticas con Israel son materia de alto riesgo. Y en este sentido España no es una excepción. En lo referente a Israel y los territorios ocupados, la política española es coherente independientemente del color político de los gobiernos. No hay, para entendernos, el equivalente de una cumbre de las Azores, un elemento disruptivo, un giro de 180 grados, ni siquiera bajo el mandato de José María Aznar, pese a las posturas hardline pro-sionistas que el expresidente ha mantenido como conferenciante después de abandonar la Moncloa. Desde la conferencia de Madrid de 1991, España se ofrece como mediador privilegiado entre ambas partes. De hecho, el famoso cuarteto cuya hoja de ruta hacia los dos Estados sigue siendo, al menos formalmente, el plan de paz oficial (y cuyas normas establecen el bloqueo de Gaza) se llamó en su origen Cuarteto de Madrid, ya que se creó bajo presidencia española de la UE con claras reminiscencias del proceso de Madrid.
Diplomáticamente, España ha alineado su política oficial con la de la UE. España defiende los dos Estados para dos pueblos que vivan en paz y seguridad uno junto al otro. España apuesta por el proceso de paz, no aprueba la expansión de los asentamientos (de ahí su votación en la famosa resolución de la ONU que impulsó la administración Obama antes de dejar la presidencia) y considera a Hamas un grupo terrorista. Como miembro de la UE, apoya el bloqueo a Gaza. De manera voluntaria, en la esfera diplomática, España se ha ido difuminando dentro de la política general de la UE. Comete, pues, el mismo error: la ocupación ha hecho inviable los dos Estados; lo que existe hoy en el territorio de la Palestina histórica desde el Mediterráneo hasta el Jordán es de facto un solo Estado, con ciudadanos de primera (los israelíes judíos), de segunda (los israelíes palestinos), de tercera (los ciudadanos de Jerusalén), de cuarta (los palestinos de Cisjordania) y de quinta (los palestinos de Gaza), con los refugiados incluso fuera de esta liga. El llamado proceso de paz es como la rueda de un hámster: no deja de dar vueltas, pobrecito, maltratado por “los extremistas de ambos lados”, nunca hay forma de reactivarlo, no hay manera ni siquiera de que ambas partes se pongan a hablar. Este es el típico discurso mainstream. Durante mucho tiempo, si el discurso lo hacía un político o un diplomático español, incorporaba el deseo de reunir a las partes de nuevo en Madrid. Ahora, ya ni eso. El problema, y ese es un problema generalizado y no solo de la diplomacia española, es que todo el mundo sabe que es no es cierto. Y los ministros de Exteriores y los diplomáticos españoles, como los de muchas otras nacionalidades, también. Hablar con ellos on the record y off the record son dos mundos diferentes.
Pero de saberlo a actuar hay todo un mundo, la diplomacia con Israel es, como decíamos, un asunto de alto riesgo. Y ahí radica la función del activismo desde la sociedad civil: gritar que el rey está desnudo, que la política española, en tanto que la europea, está rotundamente equivocada. No existe un proceso de paz como tal; la ANP es una ficción política que provee algunos servicios --subvencionados en gran parte por Europa-- en Cisjordania y poco más; la influencia europea sobre Israel, o sobre EE.UU., es inexistente; su actitud respecto Gaza es criminal; su vara de medir a Israel es laxa hasta la desfachatez; los principios básicos que deberían regir la política exterior (respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional) brillan por su ausencia. El doble rasero con Tel-Aviv es escandaloso.
No vender armas a Israel sería un detalle. Ni comprar las que proceden de allí bajo el sello de calidad "Tested in Combat"... en la represión de la población ocupada.
¿Es realista exigir a España, o al Ayuntamiento de Barcelona, que den su apoyo al BDS? No. ¿Debe por eso el activismo dejar de hacerlo? Tampoco. Porque en el camino, se pueden pedir otras cosas que, comparadas con el BDS, no parecen tan quiméricas.
Por ejemplo, de entrada, abandonar la ficción de proceso de paz que todo el mundo sabe que está agotado, la imposible solución de los dos Estados. Lo ha hecho Donald Trump.
Citando al Ayuntamiento de Barcelona, defender los derechos humanos y la legalidad internacional como “principios rectores de un modelo de relaciones internacionales que se base en la dignidad de las personas y fomente la justicia global”. Lo cual lleva obligatoriamente a la condena de la ocupación. Lo hacen algunos países nórdicos.
Por supuesto, mantener en el seno de la UE el boicot a los productos procedentes de los asentamientos.
No vender armas a Israel también sería un detalle. Ni comprar las que proceden de allí bajo el sello de calidad de ‘tested in combat’… en la represión de la población ocupada.
Pero, sobre todo, acabar con el doble rasero, la normalización de Israel, la ficción del pequeño David rodeado de Goliats, la del conflicto entre dos pueblos al mismo nivel con idéntico derecho sobre la misma tierra. Hay una ocupación, hay un ocupado, y por tanto hay un ocupante. Todo lo demás es dar vueltas al mismo hámster.
Hablemos de árboles: se estima en más de 400 los pueblos árabes destruidos de Palestina en 1948, cuando Israel ganó lo que llama la Guerra de la Independencia y los palestinos, la naqba, el desastre. Cuenta el historiador Ilan Pappe que en muchos de esos pueblos hoy hay árboles, bosques enteros repoblados que ocultan lo que fue, lo que pasó. Es un proyecto de reforestación del Fondo Nacional Judío, premiado en muchas partes del mundo, que en España por ejemplo repobló hace años la zona del terrible incendio de Horta de Sant Joan. Esos árboles de la naqba crecieron en sangre y en cenizas, las de las vidas de la gente que vivían allí, fueron expulsadas y convertidas en refugiados. Esos árboles en Horta de Sant Joan, o un triple del Maccabi de Tel-Aviv en la euroliga o el pinkwashing de la Gay Parade de Tel-Aviv son los árboles que hoy ocultan al Estado, al sistema y a la ideología que mantiene bajo control desde hace décadas a miles de personas a una sofisticada red de violencias que controla cada aspecto de su vida en lo que llamamos ocupación.
Al final, de lo que se trata de exigir al Gobierno es que centre en el bosque y se olvide de los árboles.
¿Idealista? ¿Qimérico? ¿Fútil? ¿Naíf?
Tal vez. Pero la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados le echó un capote al movimiento del BDS en un momento muy complejo. Y en el mismo Parlamento Yair Lapid se arrogó el derecho de aleccionar a sus señorías sobre qué organizaciones financia el Estado español, lo cual implica que a Israel al menos le preocupa su labor.
Y hace bien, el Estado hebreo. Porque su problema es que el rey, efectivamente, va desnudo.
Artículo publicado originalmente en Revista Contexto, el 18 de julio de 2017.
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