La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el martes admitir a trámite la demanda presentada por las personas heridas en 1997 en otro atentado en Jerusalén, con la pretenden conseguir una indemnización de 71 millones de dólares por parte de Irán por su supuesto rol de culpabilidad en los hechos, que se llevaría a cabo confiscando antigüedades persas de dos museos de Chicago.
Los jueces escucharán la apelación de los demandantes, que protestan por una resolución que el año pasado fue favorable a Irán, emitida por el 7º Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos con sede en Chicago.
A su vez también es probable que la decisión del tribunal en este caso siente jurisprudencia sobre una disputa similar pendiente entre la judicatura en la que cuatro grupos diferentes de demandantes, que representan a lesionados en otros presuntos ataques iraníes, están tratando de conseguir sentencias judiciales para confiscar 17,6 millones de dólares en activos en poder del gobierno iraní a través del Banco Melli.
La cuestión es cómo determinar qué bienes son inmunes a la incautación en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, una ley federal que restringe cuándo las entidades extranjeras pueden ser demandadas en tribunales de EE.UU.
El largo pleito de Chicago surgió tras un atentado en 1997 en el que tres palestinos se inmolaron en Jerusalén, matando a cinco personas. Ocho ciudadanos estadounidenses resultaron heridos. Ellos y algunos de sus familiares, incluyendo a la demandante principal, Jenny Rubin, demandaron a Irán en un tribunal estadounidense por su supuesta involucración en los hechos y obtuvieron una indemnización de 71,5 millones de dólares que luego intentaron recaudar apuntando a tres colecciones de antigüedades persas que incluían cerámica prehistórica, ornamentos y tablillas muy valiosas con la escritura de Elamite, conservadas en el Museo del Campo de Chicago de Historia Natural y en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Los museos consideran que los utensilios son suyos, pero los demandantes sostienen que es Irán quién los posee de verdad. Irán ha intentado previamente que algunos de esos artículos les sean devueltos por las autoridades americanas.
El tribunal escuchará los argumentos y decidirá la sentencia durante su próximo año judicial, que comienza en octubre.
En un caso similar, la Corte Suprema decidió el año pasado que cerca de 2.000 millones de dólares en activos iraníes congelados debían ser entregados a familias estadounidenses de víctimas del atentado con camiones de 1983, realizado por militantes de Hezbolá en un cuartel de infantería de la Marina en Beirut y en otros ataques de los que se culpabiliza a Irán.
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