Con la llegada de Bolivia a la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) este mes, el presidente Evo Morales ha usado Twitter para dar a conocer las prioridades del país: el conflicto de Oriente Medio en el 50 aniversario de la ocupación de Palestina, y la no proliferación de armas químicas y nucleares. La presidencia será dirigida por la representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, quién en 2014 describió la expansión de los asentamientos israelíes como “colonias que entorpecen la búsqueda de una solución al histórico conflicto”.
En la ONU, Morales ha usado reiteradamente una dura retórica contra la política colonial de Israel, seguida de acciones diplomáticas. En 2009, su país cortó relaciones con Israel a raíz de la operación Plomo Fundido, y pidió que las autoridades israelíes fueran juzgadas por genocidio ante la Corte Penal Internacional. Morales también afirmó en 2012 que Israel era “una amenaza para la estabilidad de Oriente Medio y América Latina”, lo que indica que su acercamiento a la cuestión va mucho más allá del usual y limitado consenso de “los dos Estados”. Si Bolivia puede hacer valer esta narrativa ante la ONU y exponer sus implicaciones, el pilar sobre el que se asienta el paradigma de los dos Estados puede ser desafiado. Sin embargo, esto también significa que Bolivia debe implementar un nuevo acercamiento, que difiera de las impuestas por la comunidad internacional a Palestina y a su gente.
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Hasta ahora, Bolivia también había defendido la solución de los dos Estados, una cuestión muy discutida por los que apoyan a Palestina en América Latina. Venezuela y Cuba bajo Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente, también viraron en dicha dirección, lo que atenuaba un poco su discurso anti-imperialista y anti-colonial. Al margen de este detalle, los tres países declararon su apoyo a la lucha por la liberación de Palestina. Por una parte, Bolivia promueve la causa palestina, y a la vez apoya la narrativa internacional de los dos Estados como “solución” al conflicto, a pesar de la discriminación y el saqueo colonial inherente a dicho concepto.
Un desafío a las instituciones internacionales pasaría por subrayar lo absurdo de hacer referencia a un paradigma obsoleto. Esto no es una novedad, de hecho ya lo ha hecho el Cuarteto de Oriente Medio –EEUU, Rusia, la UE y la ONU–, aunque con mucho retraso, motivando declaraciones y debates acerca de una realidad ignorada en los círculos diplomáticos. Bolivia, sin embargo, es parte de una región con una larga historia de lucha anticolonial. Las poblaciones indígenas de Latinoamérica continúan reclamando tierras a sus gobernantes. Es además una región en la que Israel ha penetrado a través de la venta de tecnología militar y de vigilancia. Si Morales hubiera sido consciente de ello en 2012, habría reforzado su posición al respecto. Asimismo, lógicamente, debería usarse para formular una postura sólida que no solo refuerza la importancia de la liberación de Palestina, sino también como la propia América Latina, especialmente los países que se benefician de la tecnología israelí, están en riesgo de verse políticamente alineados a raíz de su posición en el conflicto.
Así pues, Bolivia debería hacer valer su presidencia del Consejo de Seguridad negándose a adherir a la narrativa de los dos Estados, si ello sirve para sobresalir en su apoyo a Palestina. Si este pequeño detalle es ignorado, corre el riesgo de parecerse a otros países que afirman apoyar la causa pero que en realidad se alinean con los opresores. La historia de Latinoamérica debería ser recordada y utilizada de forma coherente ante la ONU, mostrando que la lucha de Palestina por su liberación no es un lamento aislado, sino una responsabilidad y un objetivo de carácter colectivo.
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