La hipocresía tras la decisión de Egipto de unirse a Arabia Saudí, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el corte de relaciones diplomáticas con Qatar, bajo la premisa de que el Estado del Golfo financia apoya el terrorismo sería sorprendente si no fuera por el flagrante nivel de negacionismo que el país ha esgrimido en relación al aumento del terrorismo dentro de sus propias fronteras.
Personalidades tan variadas como Ahmed Maher –fundador del movimiento de jóvenes “6 de abril”– hasta el comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein, han señalado las opresivas políticas de Al-Sisi basadas en la represión como causantes de este incremento de las actividades terroristas en Egipto. Las prisiones egipcias están a rebosar, con cientos de miles de prisioneros políticos, y con miembros de la oposición vetados a la hora de viajar y con sus cuentas bancarias congeladas, a la vez que los activistas defensores de los derechos humanos se enfrentan a intimidaciones e interrogatorios constantes.
La anterior editora jefe de Daily News Egypt, Rania Al-Malki, lo expresó de manera sucinta cuando afirmó que en el Egipto actual no existen límites:
Como si de una novela de Orwell se tratara, el ministerio de la verdad no dice más que mentiras. El Egipto de Sisi ha dado la vuelta a la realidad completamente, creando tanto las condiciones para el terrorismo como la justificación para combatirlo sin tener en cuenta el respeto de los derechos humanos y civiles.
Al mismo tiempo, los recortes a los subsidios, el aumento de los impuestos y la epidemia de desempleo significan que seis años después de pedir pan, libertad y justicia social en manifestaciones masivas, los egipcios de a pie siguen luchando, y más que nunca antes, para sobrevivir con el agua al cuello.
Una nueva escalada de represión surgió a finales de mayo con la denominada "ley de las ONGs", que pretende restringir la capacidad de unas 47.000 organizaciones no gubernamentales por todo el país, lo que termina de destruir el espacio entre el Estado y el pueblo, y deteriorando los pocos criterios que restaban para poder considerar a Egipto una democracia.
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La ley detalla las condiciones de las multas y de las tasas arbitrarias, como por ejemplo la obligación para toda nueva empresa de pagar 16.500 dólares, la necesidad de aprobación estatal de todas las donaciones superiores a 550 dólares y una potencial multa de hasta 55.000 dólares para quién incumpla dichas estipulaciones. La financiación de las organizaciones será vigilada de cerca y estas deberán verificar no sólo de dónde procede el dinero, sino además en qué lo gastan. Los estudios y los informes sólo pueden ser publicados si el Estado da su consentimiento.
Bajo la nueva ley, las ONGs extranjeras deben renovar sus permisos de manera regular, registrándose una y otra vez en el Ministerio de Asuntos Sociales y todo ello tras aceptar trabajar de acuerdo a los planes del Estado y a sus necesidades de desarrollo. La ley prohíbe a organizaciones locales y extranjeras trabajar en temas de derechos o en cualquier asunto que sea considerado una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud.
En resumen, la nueva ley prohíbe a las ONGs llevar a cabo su trabajo.
El presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi en El Cairo (Egipto), el 20 de Abril de 2017 (Servicio de Prensa de la Presidencia Egipcia/Agencia Anadolu)
Hacia la misma fecha de la publicación de esta ley, las autoridades egipcias bloquearon 21 páginas web bajo el pretexto de que apoyaban el terrorismo y el extremismo. La decisión confirmaba las teorías que emergieron por primera vez después de que Al-Sisi declarar el Estado de emergencia tras los ataques del Domingo de Ramos: que el Estado de emergencia no era sino un medio para apretar los grilletes a la población y restringir su libertad de expresión. Cuando los poderes constitucionales son suspendidos, el Estado egipcio puede bloquear el acceso a páginas web con la mera orden de un fiscal, un juez o el propio presidente.
La mayor parte de las webs de la lista son consideradas favorables a los Hermanos Musulmanes o financiadas por el “enemigo”, es decir, Qatar. Sin embargo, no todas, pues aunque en la lista está Al-Jazeera, en ella se encuentra también el portal de noticias Mada Masr, cuyo único pecado es ser crítico con el régimen egipcio.
Sabiendo todo esto, la participación de Egipto en el aislamiento de Qatar tiene menos que ver con terrorismo que con callar a las voces críticas –pues Qatar alberga las sedes de numerosos medios favorables a la Hermandad y da cobijo a varios exiliados políticos egipcios–.
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Dentro de Egipto, el abogado defensor de los derechos humanos Jaled Ali fue recientemente detenido por “ofensa a la decencia” y ocho miembros de su partido –de izquierdas– “Pan y Libertad” fueron también acusados de usar las redes sociales para incitar actividades contra el Estado e insultar al presidente. Ali fue candidato a la presidencia en su día y, como él, otros opositores y candidatos a presidente están siendo detenidos a medida que se acercan las elecciones de 2018.
Al-Sisi sabe que hay pocas oportunidades de ganar en unas elecciones libres y justas después de la crudeza en el trato al pueblo egipcio durante los últimos cuatro años, por lo que ha decidido forzar el apoyo social mediante la restricción de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, el bloqueo de toda crítica en los medios y el arresto de sus oponentes políticos. Con todo ello está claro que Al-Sisi no es ni es tan fuerte como parece ni su régimen tan estable.
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