Tanto Human Rights Watch como las ONGs Derechos Euromediterráneos, Amnistía Internacional y Front Line, informaron el lunes de que las autoridades argelinas han rechazado todos las apelaciones presentadas por un destacado activista y otros 40 acusados, a causa de sus actividades pacíficas reivindicando los derechos de la minoría bereber -amazigh-.
De acuerdo con un comunicado conjunto de estas organizaciones, los acusados, (Kamal al-Din al-Fakhar y la mayor parte de los demás activistas que llevan detenidos desde julio de 2015), se enfrentan a cargos relacionados con actos de violencia, como el asesinato, el terrorismo y otros delitos graves que pueden conducir a una sentencia de muerte, debido a su supuesta participación en los enfrentamientos en la región de Mzab entre los años 2013 y 2015.
La declaración pidió a las autoridades argelinas que pongan en libertad de inmediato o que suspendan preventivamente las penas, a menos que existan justificaciones individuales. Tras casi dos años de lo sucedido los acusaciones a algunos activistas deberían haberse podido comprobar o resolver.
La declaración hizo hincapié en que los detenidos tienen derecho a a que el proceso se cumpla dentro de un periodo razonable de tiempo.
La directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson dijo: "Si las autoridades argelinas querían que la presunta incitación a actos de violencia y su participación en las revueltas se llevara a juicio éste debe basarse en pruebas sólidas e individuales."
Al-Fakhar estuvo a la cabeza de la Liga Argelina de Derechos Humanos en Ghardaia desde 2004 hasta 2014. A finales de 2013 fundó el Movimiento para la Autonomía del Mzab, una región del norte del desierto, criticó al gobierno por lo que describió como política de apartheid y la discriminación contra los habitantes de la región habitada principalmente por familias beberes. La mayor parte de los otros acusados son partidarios de los derechos de los activistas amazigh, y están a favor de la autonomía del Mzab.
Michel Tubiana, presidente de la ONG Derechos Euromediterráneos dijo también que: "Nadie debe ser juzgado por la defensa pacífica de los derechos de las minorías, incluidas las reclamaciones de autonomía regional e independencia, de conformidad con las implicaciones de las obligaciones internacionales de Argelia."
En virtud de la legalidad internacional sobre derechos humanos, según un comunicado de las organizaciones de derechos humanos, los gobiernos pueden imponer sanciones a la incitación a la violencia, el odio y la discriminación. Pero las leyes que prohíben la incitación deben estar claramente definidas y proporcionar en cualquier caso protección al derecho a la libertad de expresión.
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