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Los campos de batalla ‘temporales’ de Trump en Yemen y Somalia

Un avión de combate Reaper, armado con bombas GBU-12 Paveway II y misiles Hellfire AGM-114, vistos durante una misión de combate sobre el sur de Afganistán [foto de la Fuerza Aérea de EE.UU. / teniente coronel Leslie Pratt]

Trump: un ataque de drones cada 1,8 días; Obama: cada 5,4 días – Micah Zenko, Miembto del Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU.

La administración de Donald Trump ha ocultado su postura sobre los ataques con drones, pero deja entrever un cambio de política a través de sus prácticas contra el terrorismo. Trump inauguró su mandato con la primera incursión del Navy Seal Team 6 en Yemen, firmada durante la cena. Se cobró la vida de 30 civiles, entre ellos 10 niños menores de 13 años y 6 mujeres, según un informe detallado. Lo más preocupante es el hecho de que la desproporción de los objetivos y las tácticas cuestionables estuvieron en juego con la reciente destrucción de la mezquita de Omar Ibn Al-Khatab, presenciada por al menos 300 sirios – murieron 40 personas – y el uso de la mayor bomba no-nuclear de EEUU – la llamada “Madre de todas las bombas” (MOAB) – en Afganistán. Está claro que los Estados Unidos de Trump están aplicando unas nuevas y más laxas reglas que toleran un mayor número de víctimas civiles.

En las operaciones antiterroristas de Trump se han creado campos de batalla temporales; tres provincias de Yemen ya han sido declaradas como “zonas de hostilidades activas”. El gobierno estadounidense utilizará está neo-clasificación como herramienta para declarar zonas no conflictivas como campos de batalla temporales donde se aplican unas reglas más flexibles en cuanto a los objetivos de los ataques. Es un nuevo rechazo de Estados Unidos hacia la ley internacional y los protocolos de batalla. EEUU ya está involucrado en una “guerra global” contra Al-Qaeda y sus afiliados, que ha sido testigo de batallas militares en todo el mundo bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo.

La Guía Presidencial de Barack Obama de 2013 trazó el procedimiento para autorizar ataques con drones más allá del estado de guerra. Se publicó una versión redactada como resultado del litigio de la Unión Americana de las Libertades Civiles en 2015. Estos ataques fuera de las zonas de guerra aumentaron drásticamente bajo la presidencia de Obama, causando mayores cifras de víctimas civiles. No obstante, la guía implantaba restricciones para los ataques lanzados fuera de las “zonas de hostilidades activas”, y sólo permitía estos ataques cuando había una “certeza casi absoluta” de que no se producirían víctimas civiles.

Jack Serle, de la Oficina de Periodismo de Investigación (BIJ), declaró que los drones estadounidenses en Yemen ya se han cobrado la vida de “16 a 27 personas mediante 10 ataques con drones y otros 78 ataques militares estadounidenses, asesinando a otras 49-70 personas.”

Trump ha otorgado a la CIA la autoridad de conducir sus propios ataques con drones, reinstalando un rol paramilitar en el asesinato de personas en secreto, una noción que el gobierno de Obama restringió. Esto pone en evidencia una falta de responsabilidad y transparencia en cuanto a las investigaciones post-ataques y facilita las ejecuciones extrajudiciales.

La fuerza letal ejecutada fuera de las zonas de guerra suele regirse por las normas de aplicación de la ley, que cumplen con normas más estrictas de las leyes internacionales de derechos humanos. Las leyes ligadas a los derechos humanos sólo permiten que la fuerza se utilice como último recurso, cuando es necesaria para proteger vidas humanas. El gobierno estadounidense está llevando a cabo ataques con drones fuera de las zonas de guerra reconocidas y utilizando incorrectamente el uso de la fuerza bajo las leyes de guerra. Esto proporciona normas de segmentación menos estrictas, que ya son interpretadas holgadamente por la administración de EEUU. En el acelerado mundo de la lucha contra el terrorismo, la aplicación de la ley no debe ser mal utilizada. Los principios históricos de distinción; necesidad y proporcionalidad; y las leyes y convenciones internacionales no deben ignorarse cuando se combate el terrorismo.

El umbral legal que clasifica una guerra con grupos armados se establece mediante el “test Tadic“; requiere de “violencia armada prolongada” entre fuerzas estatales y grupos armados organizados. Aunque el gobierno de Obama aceptó este punto de vista, tenía una visión más amplia de cómo aplicarla geográficamente. En estos casos, en los que grupos como Al-Qaeda en la Península Arabiga (AQAP), o el Estado Islámico en Yemen, o Al-Shabaab en Somalia, no se asemejan a una guerza organizada, las “áreas de hostilidades activas” estadounidenses se utilizan para reemplazar los requisitos legales.

Un alto cargo del gobierno comentó que un factor a considerar en las “zonas de hostilidades activas” es el “alcance y la intensidad de la lucha”, una noción conforme con la prueba del Tadic. Sin embargo, la administración de Obama sostuvo que “las provincias designadas no son lo mismo que la determinación de que se esté produciendo un conflicto armado en el país en cuestión”. Como la previa administración de Obama, Trump está utilizando esta política de campos de batalla temporales para auto legitimizar los drones, las redadas y otras formas de fuerza militar en países con los que Estados Unidos no está enfrentado.

Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿por qué ahora? El gobierno de EEUU siempre ha afirmado que Yemen y Somalia son frentes de batalla, donde la ley de guerra es aplicable para legitimizar el uso de la fuerza contra fuerzas asociadas a Al-Qaeda en defensa propia. ¿Ahora existe un entendimiento emergente en la Casa Blanca de que Yemen y Somalia no son zonas de guerra y, por lo tanto, tienen que reajustar sus políticas? El primer ataque de Trump en Yemen a finales de enero ha sido el telón de fondo del concepto de los campos de batalla temporales, que se cobró la vida de 30 civiles; entre ellos Nawal Al-Awlaki, de 8 años, hijo del yemení-americano Anwar Al-Awlaki, quien también fue asesinado con un dron en septiembre de 2011. Estos cambios de políticas que hemos presenciado en Yemen son precursores de lo que se avecina bajo la administración de Trump.

Varios oficiales estadounidenses declararon al New York Times – bajo el anonimato – de que partes de Somalia están siendo consideradas para incluirse como campos de batalla temporales, permitiendo el uso de la fuerza durante un máximo de 180 días. Estas consideraciones en Yemen y Somalia no son nada menos que una prueba para la política de asesinatos con objetivo de Estados Unidos, para determinar si adoptar o mejorar la política de drones de Obama. La práctica de Trump actual en la política de campos de batalla temporales acabará con la Resolución 1973 de las Potencias de Guerra, que sólo permite que los presidentes de EEUU como comandantes jefes a la hora de dirigir fuerzas militares durante 60 días sin aprobación en el Congreso. Esto presenta varios problemas para las autorizaciones que justifican la acción militar, potenciales prisioneros de guerra y condiciones de detención.

Para añadir más complejidad al uso de la fuerza en Yemen, el país podría ser testigo de un aumento de la acción militar en el futuro inmediato. Además de las actividades antiterroristas clandestinas de Estados Unidos contra AQAP, los Emiratos Árabes Unidos – parte de la coalición saudí que lucha contra el grupo iraní houthí desde 2015 – han pedido a EEUU que forme parte de un mayor uso de la fuerza militar en el país. Jim Mattis, secretario de defensa de EEUU, está dispuesto a apoyar a la coalición saudí con más medios militares adicionales y ayuda logística para forzar a los hutíes a negociar.

Monitor de Oriente preguntó sobre la posición oficial de Estados Unidos en cuanto a Yemen y la coalición saudí. La respuesta oficial de Christopher Sherwood, de la Oficina del Secretario de Defensa, fue “nuestro papel en la coalición saudí no es de combate; cualquier decisión de ampliar la acción militar de Estados Unidos la tomará la Casa Blanca”. De momento, no se ha producido ningún debate sobre la autorización del uso de fuerza militar junto a la coalición saudí, aunque el secretario de defensa está dispuesto a ayudar a la coalición.

La política estadounidense en Yemen sigue siendo una operación de lucha contra el terrorismo, en la que operan las Fuerzas Especiales. El prospecto de ayudar a la coalición significaría que EEUU entrara en dos conflictos potenciales distintos contra Al-Qaeda y el grupo houthí-iraní. En su viaje a Riyadh, Mattis fortaleció su relación y compromiso con la causa de la coalición en Yemen. Mattis declaró que es importante “apoyar la resistencia de Arabia Saudí frente a Irán”. Aunque el oficial estadounidense responsabiliza a Irán de la lucha política en Yemen, Washington también está apoyando indirectamente la política exterior iraní en Siria e Irak al atacar a grupos armados no-estatales que pretenden expulsar al presidente Assad. Esto está aumentando las tensiones geopolíticas y el posible recurso de la guerra.  

Si los ataques de Trump siguen aumentando, existe el riesgo de desmantelar las restricciones del uso de la fuerza consideradas por la comunidad internacional. En un momento en el que los drones son el arma favorita, es importante que los Estados respeten los principios históricos y los marcos internacionales reconocidos para evitar el riesgo de negar el derecho humano fundamental de vivir.

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