Turquía podría cancelar su acuerdo de reasentamiento de inmigrantes con la Unión Europea, mientras al mismo tiempo se plantea reevaluar el tratado sobre la entrada de los refugiados que mantiene con el bloque europeo, que supone unos ingresos de 6.000 millones de euros en las arcas turcas, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores turco Mevlut Cavusoglu en una entrevista televisada anoche.
Las declaraciones de Cavusoglu se producen en un momento en que las tensiones entre Turquía y la Unión Europea se mantienen en ascenso después de que varios países europeos impidieran a una serie de políticos turcos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, participar en una serie de mítines destinados a obtener apoyo para sus planes de reforma de la democracia turca, que el gobierno del AKP quiere hacer virar hacia un sistema presidencialista como el de Estados Unidos.
Si bien los medios de comunicación occidentales han tendido a presentar el referéndum como un jugada para otorgar al presidente Recep Tayyip Erdogan nuevos poderes, lo cierto es que la reforma planteada limitará de hecho las atribuciones que él y los futuros presidentes podrán ejercer, limitando sus mandatos a dos legislaturas de diez años. Los activistas en favor del "sí" sostienen que estos cambios significarán mayor estabilidad para el país.
Turquía acordó en 2013 con la UE reintegrar en su territorio a los inmigrantes turcos que había entrado ilegalmente en la UE a cambio de la promesa europea de permitir a los ciudadanos turcos viajar sin visado por el continente. El año pasado, Turquía también se comprometió a impedir que los inmigrantes ilegales entraran en Grecia a cambio de ayuda financiera para los que se quedaban a cargo del Estado turco, al tiempo que aceleraba las conversaciones para acceder a ser pleno miembro de la UE.
Hasta el momento, y desde la perspectiva turca, los Estados miembros de la Unión Europea han fracasado en gran medida en cumplir con los objetivos de la negociación.
Cavusoglu dijo durante su entrevista en el Kanal 24:
Podemos cancelar el acuerdo de readmisión. La UE ha estado haciéndonos perder el tiempo en la cuestión de la liberalización de los visados. No estamos aplicando el acuerdo de readmisión en este momento, y estamos reevaluando el tratado sobre los refugiados.
La disputa entre ambas partes se intensificó después de que el gobierno holandés prohibiera un mitin en Rotterdam el fin de semana pasado, alegando temores de que las tensiones políticas sobre el referéndum en Turquía pudieran extenderse a su propia comunidad turca expatriada.
Erdogan tomó represalias acusando a los holandeses de tener "remanentes nazis". También ha acusado a Alemania de "acciones fascistas" por cancelar varios mítines planeados en suelo germano.
Erdogan, que sobrevivió a un golpe militar el pasado verano que pretendía asesinarle, ha defendido sus planes de reformar el sistema democrático turco, alegando que Turquía necesita una mayor estabilidad. Pero su dura campaña de represión contra las voces disidentes tanto en el poder judicial como en los medios de comunicación desde el fracasado golpe de Estado ha provocado el enfado de Occidente, a quien por otra parte se acusa de haber permanecido inmóvil ante el intento de golpe de Estado hasta que quedó claro que éste había fracasado.
Sin embargo, la UE se encuentra atrapada entre su deseo de seguir presionando a Erdogan y la necesidad de garantizar la continuación del acuerdo para controlar el flujo de refugiados y migrantes que pasan por Turquía con destino a Europa.
Los políticos de Grecia, un estado miembro de la UE con serios problemas económicos y políticos, advirtieron de que si el acuerdo con Ankara falla, 200.000 refugiados y migrantes entrarían a Grecia de forma inminente.
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