En medio de la noche, Nagham y sus tres hijos salieron del campo de refugiados jordano y emprendieron un largo camino que les llevó a la capital, Amman, justo cuando salía el sol.
Habiendo huido anteriormente de la ciudad de Homs, ahora un campo de batalla en Siria, sus hijos se asustaron del rugido de los aviones que volaban sobre el campamento.
Nagham, que viaja sin su marido, al que no permitieron cruzar la frontera, estaba preocupada por la falta de seguridad y privacidad durante el mes que pasaron allí.
“Por fin me sentía a salvo”, contó la madre de 33 años acerca de su viaje nocturno a la ciudad en abril de 2015.
Nagham y sus hijos forman parte de los cientos de miles de refugiados sirios en Jordania que han perdido su derecho a ayuda humanitaria, y están en riesgo de ser deportados, ya que o se han marchado de los campamentos de refugiados oficiales o no han conseguido registrarse en la agencia de refugiados de la ONU.
En los casi dos años que han pasado desde que abandonó el campo, Nagham, quien no quiso declarar su nombre real por miedo a ser detenida, apenas ha salido de su apartamento en Amman.
En cambio, sus tres hijos – de 10, 12 y 14 años – salen a trabajar todos los días como jornaleros de las fruterías locales, ganando el mísero salario de 3 dinares jordanos (4,25$) que apenas cubren el alquiler de 200$.
“Casi nunca salgo de casa, y si salgo nunca salgo de mi barrio. Les digo a mis hijos que no hablen con mucha gente.”, contó Nagham en su primer piso vacío en la zona pobre del este de Amman, habitada tradicionalmente por refugiados palestinos.
“Siempre me siento como si me apuntaran, porque sé que estamos haciendo algo mal.”
El número de recién llegados a Siria descendió en picado después de que Jordania intentara sellar la frontera de 370 km en 2013.
El gobierno jordano afirma que hay 1,4 millones de sirios en el país a día de hoy, de los cuales 633.000 están registrados en la agencia de refugiados de la ONU, ACNUR. Muchos son bienvenidos por las comunidades de acogida, cuyos lazos familiares cruzan la frontera sirio-jordana.
Un portavoz de ACNUR informó a la Fundación Thomson Reuters de que no hay una cifra estimada de refugiados no registrados.
Si les pillan sin documentación, los refugiados sirios no registrados pueden ser obligados a regresar a los campamentos o a ser deportados a Siria.
Jordania no es parte de la Convención de Refugiados de 1951, aunque ha declarado que opera de acuerdo a los principios de la ley internacional, que incluyen la no devolución – lo que significa que un refugiado puede no ser obligado a volver a un país si allí se expone a ser perseguido.
Oficiales de tres ministerios del gobierno no han respondido a las peticiones de Fundación Thomson Reuters para hablar del tema.
Desconfianza
Adam Coogle, investigador jordano en el Observatorio para los Derechos Humanos, declaró que ha estado rastreando las deportaciones desde 2014. Se produjeron por varias razones, incluidos asuntos de seguridad, refugiados trabajando ilegalmente o sospechas de haber cometido algún crimen.
“Hemos visto informes de que las deportaciones continúan, y probablemente hayan aumentado tras el atentado en el campamento de Rukban en junio de 2016”, contó Coogle, refiriéndose al atentado suicida en el cruce fronterizo entre Siria y Jordania cerca de un campamento con 50.00 refugiados.
Noura, una refugiada de 31 años de Homs, contó que su hermano pequeño fue deportado tras intentar abandonar el campamento.
“Simplemente les vuelven a dejar al otro lado de la frontera”, dijo. “Ahora ha vuelto a Daraa (Siria), es horrible”, cuenta. “Aún estaba en el instituto.”
Los refugiados que viven en ciudades jordanas dicen que incluso temen que sus hijos les traicionen y les denuncien a las autoridades.
Cuando los niños sirios discuten con locales, los padres jordanos les amenazan con deportarles, o les chantajean por dinero, según cuenta Areej, una mujer de 38 años que vive en Mafraq, una ciudad a 10 millas de la frontera siria.
Varias organizaciones de la sociedad civil en Jordania intentan ayudar a los refugiados indocumentados, pero la desconfianza de ambas partes obstaculiza el protesto, cuenta Samar Muhareb, directora del Renacimiento Árabe para la Democracia y el Desarrollo, que aporta ayuda legal a los refugiados.
“Creo que la percepción o el miedo a la deportación son mayores que la realidad, pero, por desgracia, este es el lenguaje que usan las comunidades que les acogen”, contó.
Los estados donantes han instado al gobierno jordano que reformen las leyes laborales para permitir a miles de refugiados trabajar legalmente en parques industriales y empresas cerca de campamentos extensos como el de Zaatari.
Jordania emitió 20.000 permisos de trabajo hasta 2016, y se espera que cientos de miles de sirios los consigan en los próximos años.
Si los refugiados no pueden vivir ni trabajar legalmente, se ven obligados a correr riesgos, declaró Matteo Paoltroni, asesor técnico del departamento de ayuda humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).
ECHO apoya proyectos para registrar a refugiados.
“Si mantienes a la gente en la sombra, se ven obligados a hacer algo para sobrevivir”, dijo Paoltroni. “Si eres un organismo del gobierno y… la seguridad es uno de tus mayores problemas, quieres saber quiénes son estas personas.”
Nagham contó que sólo ha recibido un cupón alimentario, cuando un vecino se compadeció de ella. “Fue un regalo”, dijo.
Pero no se arrepiente de abandonar el campamento de refugiados.
“Aquí, al menos, cuando cerramos la puerta tenemos nuestra privacidad, nuestro espacio, nos sentimos a salvo, aunque seamos ilegales. En los campamentos, cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera.”
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