Cientos de tunecinos se han manifestado esta semana ante el Parlamento nacional para denunciar el matrimonio forzado entre una niña de 13 años y un pariente de edad avanzada que, según se afirma, la violó y la dejó embarazada. La indignación pública por la legalización del matrimonio por parte de un tribunal en el noroeste del país denuncia que el "matrimonio" es simplemente una artimaña del violador para evitar ser juzgado.
Sin embargo, según un portavoz del tribunal, el fallo fue emitido después de asegurarse de que la niña no había sido violada. "Escuchamos a la chica -explicó Chokri Mejri- y después de revisar todos los detalles, consideramos que era apta para el matrimonio". A haber solicitado ambas familias el matrimonio, no se puede considerar una trampa legal, insistió.
Sin embargo, la directora del Departamento de Bienestar Infantil de la región del Kef, donde se produjo el suceso, rechaza totalmente las conclusiones del tribunal. "Cuando se trata de una niña de 13 años, nadie puede hablar de sexo con consentimiento", dijo Houda Abboudi. "Esto ha sido una violación".
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado el artículo 227 del Código Penal tunecino, adoptado en 1958, que castiga a toda persona que viola o abusa sexualmente de una mujer menor de 15 años de edad con seis años de prisión si la agresión sexual se produce "sin violencia". Esta disposición incluye que si el agresor y la víctima acceden a contraer matrimonio, el proceso judicial se detiene. La derogación de este artículo ha sido una demanda recurrente de las organizaciones tunecinas de derechos de las mujeres durante décadas. Desde su enfoque, condenan la idea misma de que se puedan mantener relaciones sexuales con una menor "sin violencia".
Un abogado y activista por los derechos de las mujeres y las niñas señaló que esta ley nunca ha sido derogada porque no forma parte de la agenda política. "También existe el deseo de proteger una sociedad patriarcal y conservadora en la que las mujeres y las niñas continúan siendo sacrificadas en el altar del honor familiar", opina Alya Cherif Chammari.
Desde la caída del presidente Zine El Abidine Ben Ali en 2011, se han registrado varios proyectos de ley para la reforma integral del Código Penal como parte de la lucha por detener la violencia contra las mujeres y las niñas, pero no han logrado convertirse en norma.
Chammari espera que este último caso pueda producir una denuncia más amplia más allá de los círculos tradicionales. "La sociedad tunecina está preparada para estos cambios. En general, es necesario armonizar las leyes con la Constitución, que afirma la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer. El Estado debe aprobar leyes a la luz de estos principios constitucionales".
Desde que se ha producido esta ola de clamor e indignación, el Procurador General ha exigido la cancelación de la decisión judicial de permitir el matrimonio. Las organizaciones de derechos de las mujeres están pidiendo una anulación formal del caso.
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